Un efectivo, dos médicos y una trabajadora del COE ya habían sido acusados de presunta violación de los deberes de funcionario y abuso de autoridad al impedir que el papá de la joven ingresara a la provincia.

La Corte Suprema de Justicia declaró competente a la Justicia provincial de Córdoba para que investigue la denuncia penal de Pablo Musse contra las autoridades del Centro de Operaciones de Emergencia (COE), el Ministerio de Salud de Córdoba y funcionarios policiales, por la que hay cuatro imputados, que no le permitieron ingresar a la provincia para ver con vida a su hija Solange, enferma de cáncer terminal.

La familia de la mujer de 35 años -que falleció el año pasado sin poder ver por última vez unos minutos a su padre- busca determinar la posible ?cadena de responsabilidades?, partiendo desde ?la primera? tras la denuncia presentada ante el juez federal N°1, Ricardo Bustos Fierro. En ella, Pablo Musse había pedido investigar el presunto abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y privación ilegítima de la libertad calificada desde que ingresó a la localidad de Huinca Renancó hasta que retornó a Neuquén.

La solicitud apuntaba a determinar las supuestas responsabilidades de las autoridades y personal del COE, el ministro de Salud, Diego Cardozo, y funcionarios policiales.

Paralelamente, y como instancia supranacional, los padres de Solange Musse denunciaron al Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), de la Organización de Estados Americanos (OEA), por la presunta violación de garantías nacionales e internacionales.

DERROTERO JUDICIAL Y FALLO DE LA CORTE

Por competencia territorial, el expediente fue remitido al Juzgado Federal de Río Cuarto, a cargo del juez Carlos Ochoa. El magistrado se declaró incompetente al entender que los presuntos delitos habrían sido cometidos por funcionarios del Gobierno de Córdoba, con lo que ordenó su envío a la Justicia de Huinca Renancó.

La familia, a través del abogado Carlos Nayi, apeló la medida, y el caso ?subió? a la Cámara Federal de Córdoba, que confirmó el fallo del juez Ochoa de que la causa debe tramitarse en el fuero ordinario.

Sin embargo, el fiscal provincial Marcelo Saragusti rechazó intervenir y el juez de Competencia Múltiple de Huinca Renancó, Claudio Mazuqui, elevó a la Corte la causa para que resolviera si la competencia correspondía al fuero federal o provincial.

El máximo tribunal ordenó devolver, de modo transitorio, el expediente ?al juzgado de origen? (Juzgado Federal de Río Cuarto) ?requiriéndole que, con aquellas actuaciones que considere necesarias para decidir al respecto, forme el pertinente incidente de competencia (artículo 49 del Código Procesal Penal de la Nación- ley 23.984-)?.

Bajo el apartado ?efectos?, el articulado señala: ?Las cuestiones de competencia no suspenderán la instrucción, que será continuada: a) por el tribunal que primero conoció la causa (?)?.

Tras la resolución de la Corte, el juez provincial Mazuqui resolvió la remisión del expediente al Juzgado Federal de Río Cuarto. No obstante, el pasado viernes, la Corte, por ?razones de economía y celeridad procesal?, finalmente declaró que la Justicia provincial sea la competente para investigar el caso.

?En atención a que los hechos denunciados involucran la actuación de agentes locales de la provincia de Córdoba, y en ausencia de alguna otra circunstancia que en el actual estado del proceso haga surtir la jurisdicción federal (de naturaleza excepcional y restrictiva), corresponde que sea la Justicia local de dicha provincia la que investigue el hecho por el cual se trabó el presente conflicto de competencia?, indicaron los ministros del máximo tribunal.

De este modo, el Juzgado de Huinca Renancó deberá tener el control de la causa, ?sin perjuicio -agregó la Corte- de lo que el magistrado interviniente, a partir del trámite ulterior de la causa, pudiera resolver con relación a las demás circunstancias relatadas por el denunciante, particularmente las que excedan a la denuncia contra las autoridades públicas cordobesas respecto de las cuales se trabó el presente conflicto de competencia?.

IMPUTADOS

Antes del nuevo fallo de la Corte, la fiscal federal de Río Cuarto, Alicia Cena, había imputado en mayo al sargento primero de la Policía Caminera Darío Masilla (con asiento en Huinca Renancó), a los médicos Eduardo Javier Andrada y Sergio Alí, del COE, y Analía Morales, trabajadora social del COE Río Cuarto por presunta violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad al impedir el ingreso del padre de Solange a Córdoba para que pudiera despedirse de ella. Todos fueron indagados en su momento.

Los cuatro fueron acusados de haber incumplido los deberes de funcionario público al impedirles, el 16 de agosto de 2020, el ingreso a la provincia a Pablo Musse y a su cuñada, Paola Lorena Oviedo (discapacitada), quienes no pudieron trasponer el puesto de control interprovincial ubicado en la ruta 35, en Huinca Renancó.

Musse había decidido viajar para verla por última vez, debido al cáncer terminal de mama de estadio cuatro (metástasis en huesos, hígados y pulmones), por lo que llegó a Huinca Renancó tras 40 horas de manejo sin descanso por Neuquén, Río Negro y La Pampa.

Presentó la documentación requerida para viajar: el pedido de circulación especial de alcance nacional junto con el de su cuñada, que los autorizaba a viajar desde Pottier, en Neuquén, hasta la ciudad de Córdoba, y también el certificado de regreso a su casa. Entre los requisitos que le solicitaban desde el COE, figuraba la realización de un hisopado negativo 48 horas antes del ingreso.

Debido a los dos testeos dudosos (y no positivos, como figura en el registro de guardia y como adujo la Provincia en su momento) para Covid-19, los funcionarios habrían abusado de su autoridad al hacerlos regresar, escoltados por la Policía.

En ese punto habrían incumplido lo que mencionan los protocolos de ingreso a la provincia en el contexto de la pandemia cuando se detecta un caso sospechoso de Covid-19. En esa circunstancia, como indica el protocolo, el conductor debía ser analizado en un hospital.

Ante la imposibilidad de poder despedirse de su hija, como sostuvo el abogado Nayi en su denuncia, se habría violado el Protocolo 48 (sobre la circulación de personas en territorio cordobés), porque el texto menciona que los que no residan en Córdoba podrán ingresar y transitar dentro de la provincia en casos de ?fuerza mayor?, como el fallecimiento de un familiar directo o la asistencia a familiares y a adultos mayores.

Al volver a Neuquén, Musse se hizo un hisopado, que dio negativo, y con la autorización del juez Bustos Fierro pudo llegar hasta Alta Gracia para despedir los restos de su hija.

La fiscal indicó que Andrada (director además del Hospital René Favaloro, de Huinca Renancó), Alí y Morales, del COE, que se encontraban en ese puesto para realizar el control sanitario. Ante un caso sospechoso, sus funciones consistían en la derivación de las personas al Hospital San Antonio de Padua, de Río cuarto (de acuerdo con el protocolo del COE de ingreso a la provincia).

Para Cena, los funcionarios públicos ?incumplieron sus deberes de funcionarios públicos y abusaron de su autoridad, al no permitir el ingreso a la provincia de Córdoba y ante dos testeos dudosos, a Pablo Gustavo Musse, quien contaba con ?Permiso especial esencial 24 hs.?, para ejercer el derecho de darle el ?último adiós? a su hija Solange, con enfermedad terminal, incumpliendo y dando órdenes contrarias a las normas reguladas por los protocolos dictados por el Centro de Operaciones de Emergencia de Córdoba (COE) para Covid-19?.

Según pudo conocer La Voz, el juez federal Ochoa había dispuesto en los últimos tiempos la remisión del expediente a la Justicia de Neuquén, Río Negro y La Pampa (por donde circuló Musse para llegar a Córdoba) para que eventualmente investigara la posible comisión de algún delito, ya que escapaba a su competencia territorial.

La Voz del Interior 9-10-21