Primeros amparos contra la reforma previsional
Los dos primeros amparos presentados en rechazo a la reforma en el sistema previsional fueron admitidos por la Justicia y la semana próxima se sabrá si los jubilados cobran o no los aumentos que el Gobierno difirió 180 días.
El juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial 49ª Nominación, Leonardo González Zamar, dio trámite hoy a los amparos y ya corrió vista a la Caja de Jubilaciones de Córdoba para que brinde información sobre los casos de Mabel Haydée Guillot, una jubilada docente de 86 años, y por Arturo Florencio Ledesma, un jubilado municipal de 77 años.
Según indicaron desde la Justicia a La Voz, la semana próxima se espera que el magistrado se expida sobre la medida cautelar solicitada por los amparistas, que pretenden cobrar el aumento tal cual estaba previsto y no según el esquema dispuesto por la ley aprobada de forma sorpresiva y casi sin tratamiento a pedido del gobernador José Manuel de la Sota.
La cuestión de fondo, sobre la legalidad o no de congelar por 180 días los aumentos, se resolverá más adelante.
El reclamo. El abogado patrocinante de los amparistas, Carlos Nayi, dijo a La Voz que “se solicita en la acción la declaración de inconstitucionalidad del artículo 4 de la ley 10.078, publicada en el Boletín Oficial el 9 de agosto, que sustituye al artículo 51 de la ley 8.024 del año 2009”.
El letrado explicó que la nueva normativa establece que “los haberes de las prestaciones serán móviles en relación con las variaciones del nivel sectorial de remuneraciones del personal en actividad…” y que “el reajuste de los haberes de los beneficiarios tendrá efecto a partir de los ciento ochenta (180) días computados desde la fecha que fuera percibida la variación salarial”.
Mediante una medida cautelar de no innovar se pide a la Caja de Jubilaciones “abstenerse de aplicar lo dispuesto en la norma atacada y efectúe las liquidaciones de agosto de 2012, aplicando la variación salarial estimada para los trabajadores en actividad”, precisó Nayi.
El abogado sostuvo que la nueva ley “viola derechos consagrados en los artículos 14 Bis, 16, 17 de la Constitución Nacional y el artículo 57 de la Constitución Provincial, ya que lesiona el valor real del haber jubilatorio atento al carácter alimentario de mismo, atentando contra los principios de previsibilidad y seguridad jurídica”.
El artículo 57 de la Constitución Provincial establece que “el Estado provincial en el ámbito de su competencia, otorga a los trabajadores los beneficios de la previsión social y asegura jubilaciones y pensiones móviles, irreductibles y proporcionales a la remuneración del trabajador en actividad”, precisó Nayi. El último haber percibido por la jubilada es de 4.629 pesos, según informó el letrado.
La Voz del Interior 10-8-12
Se trata de dos jubilados, que acudirán a la Justicia para solicitar que no se les aplique la modificación a la movilidad que plantea el proyecto aprobado por la Legislatura Unicameral el pasado miércoles.
En la mañana de hoy se presentaron las dos primeras acciones de amparo contra las modificaciones al régimen previsional que aprobara la Legislatura de Córdoba el pasado miércoles, a pedido del gobernador De la Sota, con el voto exclusivo de los legisladores oficialistas y sin debate sobre tablas.
Se trata de dos jubilados provinciales, una docente de 86 años y un hombre de 77 años, ambos representados por el abogado Carlos Nayi.
"Se va a pedir la declaración de inconstitucionalidad del artículo 4º de la ley 10078, publicada en Boletín Oficial el 9 de agosto, que dispone el reajuste de haberes de los beneficiarios a partir de los 180 días. Eso viola expresas garantías constitucionales y atenta contra el 82% móvil", explicó el letrado al programa Crónica Matinal, que se emite por Canal 10.
"Acá se está violando, no sólo la constitución nacional, sino a nuestra constitución provincial", añadió.
Tras ratificar que la decisión de la Gobernación afecta la movilidad, Nayi aseveró que se afecta el principio de igualdad.
"Diferir el reajuste importa un recorte inadmisible, atentando contra el principio de igualdad. Por eso debe ser llevado a la Justicia", sintetizó.
Maestra
La primera iniciativa para acudir a la Justicia corrió por cuenta de la docente de 86 años, que tomó la decisión tan pronto tomó conocimiento de la reforma.
Así lo explicó su hija, Fernanda, en diálogo con el programa Cara y Cruz, que se emite por Radio Universidad.
"Percibe una jubilación de 4.600 pesos, como docente primaria. Vive conmigo, y yo soy sostén de familia", explicó la joven.
CBA24N 10-8-12
