Los falsos positivos del comisario Márquez

En los primeros días de enero de 2011, el comisario Pablo Márquez reunió a sus oficiales y les describió cuáles eran sus aspiraciones: “Quiero ser protagonista. Estoy avalado por mis superiores y pienso dedicarme a hacer números, así que necesito que las patrullas me empiecen a traer detenidos, con o sin causa”. Así lo recuerda –y lo declaró ante la Justicia– uno de los sargentos que apoyó las denuncias contra el comisario cuando estaba como jefe del CAP 6.

“Nos mandaban a hacer ‘cargas de detenidos’”, declaró otro de los sargentos, que dijo también que sólo haciendo esas cargas era posible salir a las 7 de la mañana y no ser castigado con recargos.

“Nos decían que trajéramos a cualquier salame”, recordó otro oficial con subordinados a su cargo. En tanto, un cabo primero le explicó al fiscal hasta dónde llegaba la supuesta exigencia de Márquez: “Él quería detenidos. No quería que le trajéramos ni motos, ni bicis, ni autos menores secuestrados porque no le sumaban para la numeraria que le pedía la superioridad”.

Nueva imputación. En base a estos testimonios es que el fiscal del Distrito 1 Turno IV, Pablo Molina, resolvió ayer imputar al comisario Pablo Márquez por “abuso de autoridad” acumulando dicha imputación con otra similar que pesa sobre el mismo comisario.

Márquez está acusado de obligar a sus subordinados a detener inocentes con el objetivo de elevar estadísticas y mostrarle a sus jefes falsos resultados positivos. La primera denuncia que trascendió contra el comisario se conoció en diciembre de 2011 cuando una oficial denunció que Márquez la había amenazado con “hacerla boleta” si no aceptaba obligar a los subordinados a detener personas.

La primera imputación contra Márquez la ordenó la fiscal Dolores Romero Díaz, quien también descubrió que otros dos policías (uno en marzo de 2011 y otro en junio del mismo año) habían denunciado por lo mismo al mismo jefe. Es justamente por la primera de esas denuncias que ahora el fiscal Molina decidió imputar a Márquez por abuso de autoridad.

El código de faltas. Ese otro policía es, según informó la fiscalía, Jesús César Calvo quien en su testimonio declaró que Márquez obligaba a cada guardia (el grupo de policías que estaban de turno) a llevar “por lo menos tres detenidos por guardia” y que para eso los estimulaba a utilizar el Código de Faltas.

Calvo afirma que aunque la causa de las detenciones era el Código de Faltas, la situación “era forzada por el propio accionar policial”. Según el sargento, de 39 años de edad, los dos artículos del código de faltas más usados eran los referidos al merodeo y al escándalo en la vía pública.

Según los testimonios de los policías, el accionar de Márquez habría contado con el aval del superior directo del comisario que era el comisario inspector Daniel Valverde. Calvo no sólo denunció el hecho en la Unidad Judicial 14 sino que también lo hizo ante el Tribunal de Conducta Policía, donde le receptaron la demanda, pero no hicieron nada.

La mayoría de los 13 policías que testificaron apoyando la denuncia de la primera denunciante, comenzaron a ser llamados después de eso “los traidores” y su compañía “la compañía de los traidores”.

Esos “traidores”, que serían los únicos que hicieron lo que correspondía denunciando un acto ilegal, son los que le contaron también al fiscal que a partir de un momento en que comenzó a criticarse mucho en los medios de comunicación la figura del merodeo, la recomendación fue utilizar otros artículos del Código de Faltas para realizar detenciones.

“Como el merodeo estaba muy quemado, ya que todo el mundo y la prensa misma hablaba todo el tiempos de eso, la recomendación era inventar la figura del escándalo que era la más fácil”, dijo otro de los declarantes.

En la práctica eso implicaba agarrar a inocentes en la calle y hacerlos reaccionar para poder detenerlos y llevarlos a la comisaría.

Privación ilegítima de la libertad. El castigo que los policías dicen que recibían cuando no detenían a la cantidad de gente que presumiblemente exigía Márquez, era la sobrecarga de trabajo.

Los 13 testigos dicen que eran obligados a quedarse en la dependencia entre dos, seis y hasta ocho horas como castigo por no haber alcanzado el número de falsos positivos que supuestamente les exigía Márquez.

Según el abogado de la denunciante inicial, Carlos Nayi, quien ha seguido el caso muy de cerca y estuvo presente en todas las declaraciones testimoniales, eso podría incurrir en el delito de privación ilegítima de la libertad.

¿Y los jefes? En todos los testimonios se hace referencia a que Márquez actuaba con el aval de los jefes, y de los “jefes de los jefes”. En los interrogatorios, las preguntas del abogado Carlos Nayi apuntan a tratar de probar esa confección y varios de los testimonios lo confirman.

“Necesito que las patrullas me empiecen a traer detenidos con o sin causa”, les habría dicho Márquez a sus subordinados al poco tiempo de asumir.

“Él quería detenidos. No quería que le trajéramos ni motos, ni bicis, ni autos menores secuestrados porque no le sumaban para la numeraria”

“Como el merodeo estaba muy quemado, ya que todo el mundo hablaba de eso, la recomendación era usar la figura del escándalo que era la más fácil”.

¿Quién controla a los policías?

Dante Leguizamón

dleguizamon@diaadia.com.ar

Cuando llegó a la jefatura, Alejo Paredes anunció –con bombos y platillos– que iba a controlar a las patrullas con un sistema satelital para saber qué hacían. Ese sistema, llamado “ABL”, ya no funciona y aunque se firmó un convenio con una empresa para reactivarlo, todavía no puede consultarse.

Otro anuncio del hoy ministro de Seguridad fue la instalación de cámaras que permitirían controlar las “zonas complicadas”. Sin embargo, en las últimas semanas dos fiscales investigan presuntos casos de abuso policial (por la desaparición de Facundo Rivera, a quien algunos lo vieron por última vez con policías, y los golpes que le habrían propinado otros policías a Emiliano Cáceres), pero resulta que ninguna de esas cámaras funcionan.

Ahora, vuelve a tomar fuerza la sospecha de que algunos jefes ordenaban detener a inocentes simplemente para producir falsos números positivos. 

Todo, por separado, es grave; pero junto resulta mucho más preocupante y obliga a hacerse una pregunta: ¿Quién controla a los policías?

Hasta el momento nadie del Estado mayor, ni del Ministerio ha dicho una palabra de estos temas. Seguiremos esperando.