La justicia sancionó a la provincia
La Justicia provincial condenó al Gobierno de Córdoba a pagarle 5.841 pesos a una jubilada que inició una acción de amparo en contra del diferimiento en el pago de los aumentos previsionales.
La medida fue resuelta el lunes pasado por el juez de 1ª Instancia y 49ª Nominación en lo Civil y Comercial Leonardo González Zamar, quien sancionó a la Provincia por no cumplir con los requerimientos de información solicitados en varias oportunidades.
Los pedidos fueron cursados por esa dependencia judicial, en el marco de una causa iniciada en agosto del año pasado por una jubilada docente de 86 años, patrocinada por el abogado Carlos Nayi, quien interpuso también el pedido de sanción a la Provincia.
En su resolución, el magistrado indicó que el Gobierno incumplió el mandato judicial del 12 de octubre pasado, cuando se lo emplazó para que en cinco días responda el oficio librado un mes antes.
En ese marco, consideró que hubo “resistencia u oposición al deber impuesto”, ya que pasaron 11 semanas de atraso para cumplir con el emplazamiento.
Y al citar jurisprudencia, indica que “cotidianamente se comprueba cuán repetidamente se desobedecen mandatos judiciales” y que “esa desobediencia constituye, sin duda, la más grave y flagrante violación de los principios más caros de la eficacia en el proceso civil”
Por esa razón, se impuso una condena que consiste en pagarle 5.841 pesos a la jubilada que inició la acción de amparo, mediante la cual había solicitado que se declare la inconstitucionalidad de la ley 10.078, que prorroga por 180 días el pago de aumentos de haberes a los pasivos provinciales.
En esa presentación, Nayi argumentó que esa norma “violenta el carácter alimentario del haber jubilatorio (la demandante percibe un haber mensual de 4.629 pesos) y los principios de previsibilidad y seguridad jurídica”, entre otros aspectos.
Nayi aseguró que, “más alla de la condena impuesta al Gobierno por el magistrado, la amparista denunciará penalmente a los responsables del Gobierno provincial por haber incurrido en la probable comisión del delito de desobediencia judicial”.
La Voz del Interior 21-2-13
La resolución fue dispuesta por el juez Leonardo González Zamar, en el marco de una acción de amparo promovida por una jubilada de 86 años en contra de la reforma previsional. La Caja deberá pagar $ 5.841 por no responder pedidos de información.
La justicia provincial condenó al Gobierno de Córdoba por desobedecer reiteradamente una orden judicial y ordenó pagarle 5.841 pesos a una jubilada que inició una acción de amparo en contra del diferimiento en el pago de los aumentos previsionales.
La medida fue dispuesta por el juez de 1ª Instancia y 49ª Nominación en lo Civil y Comercial Leonardo González Zamar, quien sancionó a la Provincia por no cumplir con los requerimientos de información solicitados en varias oportunidades.
Los pedidos fueron cursados por esa dependencia judicial, en el marco de una causa iniciada en agosto del año pasado por una maestra jubilada de 86 años, patrocinada por el abogado Carlos Nayi.
“Pese a existir reiteradas órdenes judiciales en esa dirección, el Gobierno de Córdoba en una actitud desafiante las desobedeció impidiendo que se resuelva el proceso con el consecuente gravamen para la anciana mujer”, precisó el asesor letrado.
La Mañana de Córdoba 21-2-13
La representación de una jubilada presentó hoy una denuncia penal por “desobediencia judicial” en contra del gobernador José Manuel de la Sota, por “incumplimiento” en la entrega de documentación que necesita la Justicia para resolver un recurso de amparo vinculado al ajuste previsional, que la provincia aplica desde el año pasado.
"La denuncia penal es en la persona de De la Sota, como titular del superior Gobierno de la provincia de Córdoba”, precisó a la agencia Télam el abogado patrocinante Carlos Nayi, por la actitud de “rebeldía” que asumió al resistirse a la entrega de documentación requerida por la Justicia para poder resolver un recurso de amparo” promovido por su defendida, en este caso una jubilada.
Denuncia. El abogado precisó que la denuncia fue presentada en la Fiscalía Penal de turno de los Tribunales 2 de la provincia, con lo cual se pretende que la administración provincial “cumpla los requerimientos para que la Justicia pueda expedirse” sobre el planteo de la jubilada.
Nayi entiende que la actitud asumida por la provincia es de “gravedad” porque se trata de una “desobediencia judicial”, contemplada en el artículo 239 del Código Penal.
Ese artículo prevé que "será reprimido con prisión de quince días a un año, el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquel o en virtud de una obligación legal”.
El Juzgado Civil y Comercial de 49ª Nominación, a cargo del juez Leonardo González Zamar, había solicitado al Gobierno de Córdoba que aporte documentaciones relacionadas con la reforma previsional, aprobada en agosto del año pasado por la Legislatura local, que difiere 180 días el pago de los aumentos remunerativos a los jubilados de la Caja de Jubilaciones de Córdoba.
El pedido tiene que ver con la necesidad de que el magistrado pueda expedirse sobre un recurso de amparo presentado por una maestra jubilada a los efectos de evitar que esa legislación (Ley 10.078) le sea aplicada y consecuentemente se le abone los aumentos con el mismo régimen que perciben los activos.
“La provincia, al negarse a proveer lo que la Justicia solicita, no solo que está desobedeciendo un mandato judicial, sino que tiene una actitud de desprecio por una jubilada que se siente afectada en sus derechos y que recurre por las vías constitucionales para que se le restituya el bien afectado”, remarcó el abogado Nayi.
Carlos Nayi, abogado de Mabel Haydée Guillot, maestra jubilada que percibe $ 4.629, y quien se convirtió en la primera amparista contra el polémico ajuste previsional brindó a Cadena 3 detalles del caso.
“Para que el juez pueda dictar sentencia en esta acción de amparo, donde se pide la declaración de inconstitucionalidad de la ley se han librado reiterados pedidos al Ejecutivo provincial para que remita información indispensable. Ninguno de los mandatos ha sido cumplido y eso ha motivado una condena del juez en contra del Gobierno por la reiterada desobediencia a las órdenes impartidas”, explicó.
Además dijo: “La condena ha quedado firme, hay una reparación económica que la provincia debe pagar a la amparista. Pese a haber quedado firme la condena sigue la actitud de rebeldía de la Provincia lo que le impide al juez dictar sentencia. Ante eso se hará una denuncia penal por desobediencia a la autoridad. El juez mismo ha dicho que esta cotidianeidad se repite y es un atentado contra el poder de los magistrados”.
Finalmente, señaló que la Provincia “no se está dando buen ejemplo” y que “esta es una actitud de desprecio frente a la clase más vulnerable”.