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Imputaciones en causa de detenciones arbitrarias

Clarin 28-02-2012
La imputación de la fiscal Dolores Romero Díaz fue tan inédita que sorprendió hasta a la propia Policía de Córdoba: luego de que tres agentes denunciaran que eran obligados a realizar detenciones con el solo fin de “aumentar las estadísticas de la fuerza sin importar los motivos de la aprehensión” , Pablo Márquez –comisario y jefe de una división del Comando de Acción Preventivo (CAP)–, fue imputado por el delito de “coacción y abuso de autoridad reiterado”.

El escándalo se desencadenó en noviembre pasado: cansada de los aprietes, Natalia Zárate, una agente de 38 años, denunció que su jefe la obligaba a “detener a cualquier salame que anduviese por la calle” (según está acreditado en la causa), para así aumentar las estadísticas de lucha contra el delito.

Márquez –con el aval de algunos de sus superiores, “lo que podría disparar nuevas imputaciones en la causa”, según señaló a Clarín el abogado Carlos Nayi– había establecido un sistema de premios y castigos para quienes cumplieran o no con su pedido.

Si las detenciones al final del día no eran las que él exigía, los agentes eran castigados con hasta ocho horas de sobrecarga laboral . En cambio, para quienes sí cumplían sus órdenes, el premio consistía en un cuadrito de honor con foto que se exhibía en la dependencia . Márquez fue licenciado y el Tribunal de Conducta Policial analizaba su apartamiento de la fuerza.

Desde la denuncia, Zárate fue víctima de aprietes y amenazas . La misma noche 
 


Lo hacían para elevar las estadísticas de efectividad policial

 El comisario Marquez fue imputado por abuso de autoridad reiterado y coacción. Carlos Nayi, abogado de uno de los denunciantes, dijo a Cadena 3: "Surge de los testimonios que la superioridad no estaba ajena a lo que este comisario realizaba".
La fiscal Dolores Romero Díaz imputó hoy al comisario Pablo Márquez de los delitos de abuso de autoridad reiterado y coacción en una causa en la que se investiga detenciones arbitrarias de ciudadanos para elevar las estadísticas de efectividad policial.

El abogado Carlos Nayi patrocina a uno de los tres policías que denunciaron al comisario Márquez.

"Esta denuncia se originó en noviembre de 2011 por parte de un oficial subinspector que denunció al comisario jefe del Distrito 8 por obligar a practicar detenciones de ciudadanos con causa o sin causa con un doble objetivo: aumentar las estadísticas y demostrar efectividad policial", explicó Nayi.

"Este oficial con mucha dignidad resistió la orden del superior, lo que trajo como correlato represalias concretas traducidas en amenazas de muerte, y recargo en horas de servicio", señaló Nayi y agregó: "A esta denuncia que desató un escándalo en noviembre 2011 estaba precedida por dos miembros de la fuerza: un oficial subinspector y otro sargento ayudante en contra del mismo comisario y por la misma práctica".

"Las tres denuncias están acumuladas y luego de haberse receptado abundante prueba testimonial de efectivos policiales que certificaron lo que dicen estas denuncias, la fiscal Dolores Romero Díaz decidió imputar los delitos de abuso de autoridad reiterada y coacción en contra de este oficial jefe", señaló Nayi.

El abogado explicó que el abuso de autoridad y la coacción son delitos con una escala penal considerable.

"No descartto en mi calidad de querellante y con la prudencia que esto requiere, que se ordenen nuevas imputaciones porque es un hecho grave", indicó Nayi.

El abogado asimismo advirtió a todos los ciudadanos que consideren que fueron detenidos de manera arbitraria a que se dirijan a la Fiscalía del Distrito 4 Turno 5 y expongan su situación a los fines de la investigación.

"Surge de los testimonios arrimados a la causa que la superioridad no estaba ajena a lo que este comisario realizaba", advirtió Nayi

Cadena3 17-02-2012
 

Imputan a comisario por ordenar detenciones para mejorar las estadísticas
La Voz del Interior 17-2-2011


Habría obligado a policías a su cargo a detener ciudadanos para elevar la eficacia. Una fiscal lo decidió tras recibir denuncias de tres policías.
En una decisión inédita, la fiscal Dolores Romero Díaz imputó al comisario Pablo Márquez por los delitos de coacción y abuso de autoridad reiterado.

La imputación fue decidida hoy luego de que tres policías denunciaran a Márquez por supuestamente darles órdenes de realizar detenciones arbitrarias con el objetivo de elevar las estadísticas policiales, independientemente de que los aprehendidos hubieran cometido o no contravenciones o delitos.

Los oficiales a cargo de Márquez habrían recibido directivas "de producir detenciones a fin de elevar las estadísticas, existan o no razones para proceder", "sobre la base de procedimientos no ajustados a la ley y por tanto ilegales que afectan y vulneran gravemente los derechos y libertades de los ciudadanos", se lee en una de las denuncias.

Al momento de las denuncias, Márquez se desempeñaba como jefe de División del Comando de Acción Preventiva (CAP) VIII (ver Una policía denuncia detenciones ilegales 12/11/2011).

Cuestionamientos. El Código de Faltas -que habilita a los policías a realizar detenciones cuando las personas cometen diferentes contravenciones- es criticado por diferentes organizaciones sociales porque, aseguran, permite detener a personas de manera arbitraria, con figuras como el "merodeo".

En noviembre del año pasado, cuando este diario dio a conocer las denuncias contra Márquez, el Colegio de Abogados manifestó que la figura del merodeo "es cuanto menos vaga y ambigua, lo cual viola gravemente la obligación de todo Estado de derecho consistente en describir con la máxima taxatividad y precisión empírica posible las formulaciones legales"

Por su parte, desde el Gobierno se asegura que es una herramienta para detener de manera rápida a quienes cometen contravenciones y delitos, y así luchar contra la inseguridad.

Los delitos. La coacción está reprimida (en el artículo 149 bis del Código Penal) con penas de dos a cuatro años de prisión y la comete quien "hiciere uso de amenazas con el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad".

"Hubo amenaza de muerte contra la oficial que lo denunció", aseguró Carlos Nayi, abogado de una de las denunciantes.

A su vez, el abuso de autoridad, penado con prisión de un mes a dos años, lo comete el funcionario público "que dictare resoluciones u órdenes contrarias a la constituciones o leyes nacionales o provinciales", según el artículo 248 del Código Penal.

"Es reiterada porque son varios hechos, impartió varias veces la misma directiva de realizar detenciones arbitrarias. Además, castigaba con recarga horaria a quien no lo hacía. Así dicen los testigos", agregó el letrado.

Además, dijo que a medida que avance la investigación podría haber nuevas imputaciones de delitos más graves como privación ilegítima de libertad e instigación a cometer delitos.