Caso CBI
LO MÁS IMPORTANTE
- La Cámara Federal de Apelaciones ratificó a Eduardo Rodrigo como el principal sospechoso de la maniobra.
- Seguirá preso.
- Los principales acusados, más complicados.
- Desvinculan a directivos de una concesionaria.
Uno de ellos es directivo de la firma Toyota Centro Motor.
Eduardo Rodrigo seguirá preso, al seguir siendo señalado como el organizador de una asociación ilícita que tenía a la financiera Cordubensis (CBI) y sus socios como integrantes principales y a algunos personajes ?satélite? que, al parecer, servían para concretar el mayor movimiento de dinero clandestino jamás conocido en la provincia de Córdoba.
Ayer, la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba resolvió la primera mitad de las apelaciones que se presentaron ante el dictado de procesamientos dispuesto en febrero por el juez instructor Miguel Hugo Vaca Narvaja.
Con coincidencias plenas y algunas disidencias, los jueces Liliana Navarro (presidenta), Eduardo Ávalos y Graciela Montesi resolvieron la situación de gran parte de los 37 imputados de la causa.
Entre los puntos más salientes de la resolución de ayer se destaca el dictado de falta de mérito para Darío José Ramonda, directivo de la concesionaria Toyota Centro Motor y a su vez hijo de Darío Onofre Ramonda, quien seguirá vinculado como presunto ?fondeador? y miembro de la supuesta asociación ilícita liderada por Rodrigo.
También hay numerosas confirmaciones a los procesamientos, avales a sobreseimientos y otros ?grises? entre las personas que lograron ?despegarse? de situaciones graves, aunque sigan involucradas por delitos más ?livianos?.
El caso CBI estalló en febrero de 2014, cuando apareció muerto el vicepresidente de la financiera, Jorge Suau, en muy confusas circunstancias.
Al mismo tiempo que se producía una corrida de ahorristas, una supuesta carta póstuma de Suau orientó la investigación que presumía la participación de poderosos hombres del mundo empresario y político. El movimiento clandestino de dinero tuvo su pico en la sucursal Banco Nación de plaza San Martín.
El núcleo duro
La resolución de ayer se ocupa de Rodrigo, el único imputado presente que llegó desde la cárcel de Bouwer para escuchar una eventual orden de liberación.
Los primeros puntos de la lectura terminaron por derrumbar esas esperanzas: le confirmaron que se mantiene la sospecha de que fue jefe u organizador de la banda y autor de intermediación financiera no autorizada agravada, evasión tributaria agravada y estafa. Fue sobreseído, en cambio, de lavado de activos agravado y defraudación por administración fraudulenta.
Por delitos similares y como miembros de esa asociación ilícita, se confirmó el procesamiento de los otros socios de CBI: Aldo Hugo Ramírez, Julio César Ahumada, Daniel Arnoldo Tissera y Oscar Américo Altamirano.
También está considerado miembro de esa asociación Ramonda padre, quien debe responder por intermediación financiera y defraudación por retención indebida. Su hijo, Darío José, quedó excluido de todos esos cargos y los vocales de Cámara dictaron su falta de mérito.
El encargado de la sucursal Centro de CBI en calle Rivadavia, Luis Carlos de los Santos, tuvo suerte variada: continúa procesado por lavado de activos, evasión tributaria y estafa, pero por falta de mérito quedó fuera de la asociación ilícita, el delito más grave.
A Miguel Ricardo Vera, de rol clave en las firmas fantasma Halabo y Jotemi, se le confirmó el procesamiento por lavado de activos agravado, evasión tributaria agravada y asociación ilícita.
Actores de reparto
También quedaron fuera de la agrupación de concierto delictivo: Jorge Osvaldo Castro, Paula Andrea Vettorello, Roberto Carlos Di Rienzo, Carina Andrea Moreno, Olga Beatriz Divina y Lucas Sebastián Bulchi. No obstante, siguen procesados por lavado, evasión tributaria e intermediación financiera no autorizada.
Mientras Romina Verónica Moreno fue beneficiada con falta de mérito, a Hugo Marcelo Páez lo sobreseyeron.
Diego Ariel Sarrafian, quien es señalado por introducir cheques ?sucios? en el momento que determinó la corrida, sufrió la confirmación del procesamiento por intermediación financiera y asociación ilícita, pero fue sobreseído de la acusación de pago de cheques sin fondo y lavado de activos.
La esposa y cuñada de Sarrafian, las hermanas Griselda Eugenia Leal y Carla Vanesa Leal, recibieron sobreseimiento por lavado de activos y falta de mérito por asociación ilícita.
Embargos
Se confirmaron los embargos o los levantamientos de inhibiciones efectuadas en su momento a los involucrados por el juez Vaca Narvaja. Entre los que seguirán ?embargados? están: Rodrigo y sus socios directos, Darío Onofre Ramonda, Vera, Castro, Moreno, Di Rienzo, Divina, Bulchi y Sarrafian. Lo mismo se dispuso para De los Santos y Paula Vettorello.
En cambio, fueron revocados los embargos de Darío José Ramonda (h) y de las hermanas Leal.
La Cámara ratificó que no sean embargados los bienes de Suau.
Mientras, sigue pendiente conocer qué le pasó a Suau, quien hace casi cuatro años apareció muerto en su camioneta. Aún no se sabe si se suicidó o si lo asesinaron.
Discusión por la ?exclusión de prueba?
A lo largo de la extensa lectura del ?resuelvo?, el texto aclara de modo permanente lo que se define ?por unanimidad? y lo que se hace ?por mayoría?. Esto sucedió con numerosas resoluciones, pero algo que puede cobrar trascendencia es el rechazo al planteo de nulidad efectuado por defensores ?entre ellos, los Ramonda? por ?exclusión probatoria?. ¿A qué se refiere? A que el fiscal Enrique Senestrari admitió como prueba material aportada por testigos que pidieron no ser identificados y que en la causa quedan como ?anónimos?. En su voto, la presidenta Liliana Navarro discrepa con sus pares. Esto puede dar lugar a una casación, que podría demorar la causa.
Los más ?beneficiados? tras la resolución
Uno de ellos es directivo de la firma Toyota Centro Motor.
En el fallo de la Cámara Federal de Apelaciones se destaca el dictado de falta de mérito para Darío José Ramonda, directivo de la concesionaria Toyota Centro Motor. Su padre, Darío Onofre Ramonda, sí seguirá vinculado como presunto ?fondeador? y miembro de la asociación ilícita supuestamente liderada por Rodrigo.
Bugliotti. Para 2018 se espera que la Cámara Federal se expida finalmente sobre la situación legal del empresario Euclides Bugliotti en el marco de esta compleja causa.
Los más complicados en la causa de la financiera
Salvo Rodrigo, los demás permanecen en libertad.
Según la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, los más comprometidos en la causa CBI siguen siendo Eduardo Rodrigo y sus socios. Se los acusa de integrar una asociación ilícita junto a otros colaboradores que servían para el lavado de activo y la intermediación financiera. Rodrigo está señalado como supuesto jefe de la banda y autor de intermediación financiera no autorizada, evasión tributaria y estafa. Fue sobreseído por lavado de activos y defraudación por administración fraudulenta.
La Voz del Interior 12/12/17
Causa CBI: Rodrigo sigue detenido; Ramonda hijo, aliviado
La Cámara Federal confirmó el procesamiento del titular de la financiera Cordubensis como jefe de una asociación ilícita. Al empresario de Centro Motor le dictaron la falta de mérito.
La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba confirmó el procesamiento del titular de la financiera Cordubensis (CBI) Eduardo Rodrigo como jefe u organizador de una asociación ilícita que se dedicaba a la intermediación financiera no autorizada y cometía otros delitos como lavado de dinero y evasión impositiva.
Además de confirmar la continuidad del proceso para el resto de los socios de CBI -Julio César Ahumada, Aldo Hugo Ramírez, Oscar Américo Altamirano y Daniel Arnoldo Tissera- como miembros de esa asociación ilícita, sobresale en la resolución conocida en la madrugada de este lunes el dictado de falta de mérito al empresario Darío José Ramonda, conductor de la firma Centro Motor.
En cambio, continuará vinculado al proceso su padre, Darío Oscar Ramonda, quien quedó dentro de la asociación ilícita liderada por Rodrigo, como aportante de fondos.
Uno de los puntos que salieron por mayoría es el atinente a la "exclusión de la prueba", que algunos defensores habían discutido y fue rechazado por la Cámara, con disidencia de uno de los vocales. Esto tiene que ver con la inclusión de pruebas aportadas por testigos anónimos, sin conocimiento del juez.
De la extensa resolución también surge que se mantienen los embargos de numerosos imputados, particularmente los socios de CBI. En cambio, otros involucrados que ven más aliviada su situación, pueden disponer de esos bienes.
Respecto del fallecido Jorge Suau, vicepresidente de CBI, la Cámara rechazó el decomiso de sus bienes.
La Voz del Interior 11-12-17
Antes de la feria, novedades en CBI
La pesquisa comenzó hace casi cuatro años, con alto perfil, pero su rumbo es incierto. Está a cargo del fiscal Enrique Senestrari y del juez Miguel Vaca Narvaja. En distintas oportunidades, los instructores fueron reprendidos por la Cámara
A pocos días del comienzo de la feria de verano, la Justicia Federal se pronunció en el marco de la causa CBI Cordubensis.
Entre otras medias, por mayoría, la Sala B Cámara de Apelaciones confirmó el procesamiento con encarcelamiento cautelar de Eduardo Rodrigo, el ex titular de la compañía, como presunto jefe de una asociación ilícita dedicada a cometer delitos vinculados con el giro de la firma, como intermediación financiera no autorizada.
Asimismo, dispuso que seguirán encausados el resto de los socios de CBI, como integrantes de la supuesta ?banda?. Se trata de Julio Ahumada, Aldo Ramírez, Oscar Altamirano y Daniel Tissera.
En tanto, dictó la falta de mérito para el empresario Darío José Ramonda, de Centro Motor, pero consideró que su padre, Darío Onofre, formó parte del grupo que, supuestamente, lideró Rodrigo, y que su rol fue aportar fondos para operaciones irregulares.
El defensor de Rodrigo, Eduardo Amoedo, ya adelantó que interpondrá un recurso de ante la Cámara Federal de Casación Penal.
La accidentada instrucción del caso empezó hace casi cuatro años y está a cargo del fiscal Enrique Senestrari y del juez Miguel Vaca Narvaja.
A principios del 2014, luego de la muerte del vicepresidente de la compañía, Jorge Suau, en extrañas circunstancias, se destaparon maniobras mediante las cuales, según sospecha la Justicia, se concretó una defraudación millonaria en perjuicio de los ahorristas.
Junto con las actuaciones que lleva adelante el fuero Federal (por las irregularidades en CBI y por el suicidios de Suau), el juez provincial Domingo Silvestre declaró la quiebra de la firma.
Rumores
Si bien la investigación comenzó con alto perfil, entró en una suerte de impasse, hasta que en junio del año pasado trascendieron novedades.
En esa oportunidad, el fiscal le pidió al juez que investigara al gerente de la sucursal del Banco Nación local, por su presunta colaboración en hechos de lavado.
Según alegó Senestrari, Pedro Tito Zurco habría autorizado, sin requerir la documentación necesaria, la apertura de cuentas corrientes que fueron usadas por dos personas jurídicas que nunca tuvieron actividad comercial (lJotemi SA y Halabo SA), para ingresar al circuito bancario y transformar en efectivo fondos de cheques de origen ilegal.
Así, consideró que el directivo del Nación tuvo vínculos con algunos de los implicados, que depositaban títulos provenientes de operaciones ilícitas para luego extraer activos y redireccionarlos hacia la financiera.
Antes de la feria de invierno del 2016, en medio de rumores de insuficiencia probatoria y de fallas en la descripción de los hechos, Senestrari dio otro paso para intentar activar la pesquisa y le pidió al titular del Juzgado Federal Número 3 el procesamiento de todos los imputados.
Teniendo
en cuenta que hacía más de dos años que tenía el expediente en su poder, la medida que pidió se presentó como tardía, ya que, a primera vista, el incumplimiento funcional que denunció ? que, necesariamente, es anterior a la supuesta participación en maniobras de lavado- debió haber surgido en etapas tempranas del proceso.
Por eso, se especuló que Senestrari tenía más ?margen de maniobra? con el cambio de Gobierno y que el caso iba a avanzar.
Sin embargo, pese al entusiasmo del instructor ?quien en ese entonces vaticinó un debate oral ?cercano en el tiempo?- era previsible no sólo que pasara un lapso prolongado hasta que Vaca Narvaja definiera los procesamientos, sino que ?tal como hizo- segmentara
sus decisiones; es decir, que lo hiciera ?por tandas?.
El estancamiento de las actuaciones se agudizó poco después, cuando la Alzada declaró la nulidad del millonario embargo dictado en contra de los encartados y dejó sin efecto inhibiciones de bienes y prohibiciones para salir del país.
Cabe recordar que cuando la Cámara apartó al juez Ricardo Bustos Fierro, le pidió ?agilidad y precisión? al instructor.
Para el tribunal, pese a la ?actividad procesal importante? que generó la pesquisa no había ?una respuesta categórica? en relación a qué sucesos con relevancia jurídico-penal estaban siendo investigados.
?La mera cita de artículos del Código Penal no satisface ese deber, porque los hechos son relatados de manera muy general?, opinó el superior de Senestrari.
En esa inteligencia, propició que la valoración de las pruebas producidas se hiciera ?en forma precisa, clara y circunstanciada?.
Paralelamente, a Vaca Narvaja le encomendó ?reordenar el proceso? sin aglutinar escritos que pudieran ?hacer perder el núcleo del tema central?.
En febrero de este año, Vaca Narvaja procesó a 18 imputados; entre ellos, Rodrigo.
Cuatro
meses después, dictó la misma medida en relación a otra ?tanda? de imputados y declaró la falta de mérito del empresario Euclides Bugliotti en maniobras de intermediación financiera.
La trama oculta de CBI
- Al firmar los procesamientos, el juez diagramó cómo operaba la financiera.
Los tentáculos de la enorme financiera Cordubensis (CBI) empiezan a salir a la luz.
El juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja resolvió la situación de los 37 imputados: 24 siguen procesados, nueve fueron sobreseídos y cuatro recibieron falta de mérito.
La de ayer fue la segunda resolución de este tipo, tras la realizada el 10 de febrero de los primeros procesamientos.
BUENOS DÍAS, CÓRDOBA. Una telaraña de millones de pesos en efectivo
Lo más llamativo de este último movimiento es la falta de mérito que recibió el empresario
Euclides Bugliotti, titular de Dinosaurio Mall y cuyo ingreso a la causa motivó el apartamiento del juez inicial del caso, Ricardo Bustos Fierro.
Bugliotti fue mencionado desde el primer día, a partir de la carta póstuma del fallecido vicepresidente de CBI Jorge Suau (su cuerpo fue hallado el 14 de febrero de 2014), quien le reprochaba responsabilidades en la caída de la financiera por un masivo retiro de fondos.
El titular de Dinosaurio Mall había comunicado a la sociedad encabezada por Eduardo Rodrigo que no renovaba el alquiler del local de la sede de Rodríguez del Busto, en la ciudad de Córdoba.
Más tarde, el fiscal Enrique Senestrari imputó a Bugliotti, lo que sirvió para luego pedir el desplazamiento de Bustos Fierro porque el magistrado y el empresario aparecían en una foto de años atrás juntos en una fiesta.
A la luz del tiempo, la falta de pruebas en contra de Bugliotti genera suspicacias sobre los móviles de su inclusión en la causa. Intencionada o no, aquella decisión sirvió para sacar al juez enfrentado con el fiscal.
De aquella carta prometedora, con muchos ?peces gordos? de la política y del mundo empresarial, poco y nada comprobó hasta ahora la Justicia federal.
En estos años, entre otros puntos relevantes de la instrucción, fue llamativa la demora en ?descubrir? el impresionante lavado de dinero que pasó por la sucursal plaza San Martín del Banco
Nación, con más de 700 millones de pesos.
También estuvo oculto durante meses el hallazgo de 290 mil dólares en una caja de seguridad vinculada a Eduardo Accastello, un hombre ligado a la misma idea política del instructor.
Si se repasa el recorrido entre aquel apartamiento de Bustos
Fierro y este ?cierre? de Vaca Narvaja, no se aprecian muchas diferencias entre lo que autorizaba aquel magistrado y lo que terminó por resolver este.
Mapa del fraude
Vaca Narvaja desmembró la causa, como un modo de avanzar e ir ?cerrando? frentes.
Luego de sus resoluciones de febrero y ayer, el magistrado bosquejó cuatro grandes ?usinas? desde donde se fondeaba CBI.
A los empresarios de la concesionaria Centro Motor, Darío Onofre y Darío José Ramonda, se los vincula con el inicio mismo de la financiera.
Se señala que hay un acta de CBI que los considera socios y que la financiera era utilizada para girar la recaudación de la venta de los autos que eran pagados en la sede de Rodríguez del Busto.
También se recaudaban los pagos de los coches de Yacopini, con sede en Mendoza.
Siempre aprovechando la exención de impuestos de determinadas cuentas, CBI depositaba cheques en el banco Galicia que eran cursados a la Compañía Financiera Toyota.
Otra fuente de dinero que reciclaba CBI fue, según la investigación, la recaudación del boleto del transporte de pasajeros de la ciudad de Córdoba, realizada con Atos y con la UTE conformada con Ribelux.
El efectivo se lo enviaba a CBI, mientras que esta depositaba cheques en el Banco de Córdoba para que días después los cobrara la Municipalidad.
El contador de Bugliotti, Javier Fernando Guevara Amado, monetizó en CBI cheques de la obra social nacional Osecac, con un mecanismo similar, según sostiene el juez.
Otro fondeo se hizo con la multimillonaria suma que pasó por el banco Nación usando las empresas fantasma Jotemi y Halabo.
Cuando se inició la debacle, con una vertiginosa corrida financiera, CBI quedó descalzada.
Allí ?según la causa? Diego Sarrafian jugó junto con el titular de CBI, Rodrigo, un papel clave al ?ensuciar? la cartera de cheques de la financiera para vaciarla.
De acuerdo con la acusación, sacaron dinero y colocaron valores bancarios de dudosa procedencia. O, peor, muchos de ellos fueron denunciados por sus titulares para evitar su cobro.
Reflexión
Vaca Narvaja sostiene que este ?monstruo? de movimiento de dinero se descubrió sólo por la muerte de Suau.
Esto quiere decir, según la instrucción del magistrado, que fallaron todos los controles del Estado, que no detectó ?cuevas? con cifras multimillonarias, y que tampoco se vio el paso de un torrente de billetes por el banco Nación.
También resulta llamativo el papel de los particulares: por un lado, quienes compraban un auto e iban a pagarlo a una financiera; por el otro, quienes depositaban sus ahorros con intereses exorbitantes.
Sobre esto último, el abogado Carlos Nayi, que patrocina a quienes perdieron sus depósitos en CBI, sostuvo que en el expediente hay ?prueba de calidad y en número? que permitirá pasar al juicio oral y público.
La Causa de la Financiera
Muerto. El 13 de febrero de 2013, Jorge Suau, uno de los socios de la financiera Cordubensis SA (CBI), apareció sin vida, con la camioneta a medio quemar, en un camino rural cerca de Rafael García. A partir de entonces, se conoció que CBI había cerrado sus puertas a los clientes días antes, en medio de una profunda crisis de la que no se iba a recuperar más.
Causa judicial. A partir de una carta que dejó Suau antes de morir, comienza una investigación en la Justicia federal.
Imputados. El expediente que ahora tiene el juez federal Miguel Vaca Narvaja (luego de que fuera apartado el juez Ricardo Bustos Fierro) tuvo 37 personas en la mira por diferentes delitos: asociación ilícita, lavado de activos agravado e intermediación financiera no autorizada agravada, entre otras figuras penales. De estas 37 personas, 24 fueron procesadas, a cuatro se les dictó la falta de mérito y otras nueve quedaron sobreseídas.
Procesados. Eduardo Rodrigo, Aldo Ramírez, Daniel Tissera, Julio César Ahumada, Oscar Altamirano, Darío Onofre Ramonda, Darío José Ramonda, Luis de los Santos, Miguel Vera, Jorge Castro, Paula Andrea Vettorello, Roberto Di Rienzo, Carina Andrea Moreno, Olga Divina, Lucas Bulchi, Diego Ariel Sarrafian, Griselda Eugenia Leal, Vanesa Carla Leal, Carlos Alberto Forconi, Juan Luis Dabusti, Raúl Toscano, Carlos Abril, Alejandro Yacopini y Javier Fernando Guevara Amado.
Falta de mérito. Euclides Bugliotti, José Eduardo Espinelli, Doris Liliana Puccetti y Romina Verónica Moreno.
Sobreseídos. Jorge Suau (por fallecimiento), Hugo Páez, Antonio Casado, Víctor Alaniz, Guillermo Antonio Mateos, José Luis Weissbein, Sebastián Alejandro Viano y Federico Augusto Pucheta Simone. A Rodrigo se le quitó la figura de evasión tributaria simple.
Embargos (1.170 millones). Rodrigo (100 millones de pesos); Hugo Ramírez, Julio César Ahumada, Daniel Tissera y Oscar Altamirano (90 millones cada uno); Darío Onofre Ramonda y Darío José Ramonda (60 millones cada uno); Miguel Ricardo Vera (90 millones); Luis de los Santos (40 millones); Forconi (90 millones); Dabusti, Toscano, Abril y Guevara Amado (70 millones cada uno); Yacopini (40 millones) y otros involucrados por 50 millones de pesos en total.
Próxima instancia. Se aguarda que ahora todas las partes apelen las diferentes medidas formalizadas en el procesamiento, por lo que el expediente pasará a la Cámara Federal de Apelaciones. No se espera que el caso pueda llegar a juicio en el transcurso de este año.
La voz del interior 1-7-17
Caso CBI: pruebas confirman que hubo asociación ilícita
13/02/2017 | 16:33 | Lo confirmó a Cadena 3 el juez Federal Hugo Vaca Narvaja. Indicó que la financiera realizaba operaciones de lavado y evasión. Senestrari aseguró que está conforme con la resolución.
La causa CBI tiene que ver con el vaciamiento de $700 millones.
"La sospecha era de que el 100% del dinero era sucio", dijo el fiscal Senestrari.
El juez federal de Córdoba Hugo Vaca Narvaja, a cargo de la causa de la financiera CBI, manifestó a Cadena 3 que las pruebas son suficientes para corroborar que se trató de una asociación ilícita.
?La prueba obrante, las constancias y los testimonios, que incluye 83 cuerpos, y la declaración de 77 personas, demuestran que hay una profusa prueba documental. En esta etapa se determina un grado de probabilidad mayor?, indicó.
Además, confirmó que dictaminó la prisión preventiva y el embargo de 100 millones de pesos a Eduardo Rodrigo y Diego Sarrafian, ex titulares de la financiera, que ya estaban detenidos.
El embargo también incluye al resto de los imputados, con cifras que van desde los 20 a los 90 millones de pesos.
Y agregó que los cheques depositados estaban exentos del impuesto al cheque: ?Realizaban operaciones de lavado y evasión de impuestos, lavado de activos. No se sabe bien el origen de esos activos?.
Finalmente, indicó que la causa tiene 37 imputados de los cuales se resolvió la situación de 23: ?Nos faltan 14 imputados con situaciones similares. Entre el 10 al 15 de marzo deberíamos resolver los demás casos, las pruebas son contundentes. También hemos dictado sobreseimientos?.
Por su parte, al ser consultado respecto al tema, el fiscal federal, Enrique Senestrari, manifestó a Cadena 3 estar conforme con esta resolución para gran parte de los acusados, como así de los embargos millonarios.
?La sospecha es que casi el 100% del dinero que entraba ahí era dinero sucio, de evasión, de contrabando, de corrupción. De cualquier figura penal que uno se imagina que mueven montos grandes de dinero y que necesitan circular por los carriles ocultos?, señaló el fiscal.
La causa Cordubensis (CBI) tiene que ver con el vaciamiento de $700 millones por parte de una financiera ya extinta. El juez investiga delitos como asociación ilícita, defraudación fraudulenta y lavado de activos.
Cadena 3 13/02/17
El caso CBI entró en tiempo de descuento
Local concurrido. En el complejo Dinosaurio Mall funcionaba una de las sedes de CBI. (Javier Cortéz / Archivo)
LO MÁS IMPORTANTE
- De los 37 imputados, 18 fueron procesados y cuatro, sobreseídos.
- El resto continúa en investigación.
- Fijan un embargo que asciende a los 520 millones de pesos en total.
A pocas horas de que se cumplan tres años del inicio de la investigación por irregularidades en la financiera Cordubensis (CBI), el juez federal N° 3 de la ciudad de Córdoba, Miguel Hugo Vaca Narvaja, comenzó a cumplir su anhelo de apurar por tramos la megacausa: resolvió la situación de 22 de los 37 imputados.
Y embargó a los principales acusados por un total de 520 millones de pesos.
El magistrado dispuso el procesamiento de los involucrados en la causa madre de CBI, en la que menciona una asociación ilícita y describe maniobras de intermediación financiera no autorizada, defraudación, lavado de activos y evasión tributaria, entre otras.
Los delitos tienen penas elevadas, pero en el caso de la administración financiera no autorizada prescribe a los cuatro años.
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Por eso, si se tiene en cuenta que las indagatorias comenzaron en marzo de 2014, en ese mes de 2018 se cumplirán los cuatro años para marcar la prescripción.
A partir de ahora, corre tiempo de descuento para diversos trámites que tienen sus pasos: el procesamiento seguramente será apelado por las defensas y la Cámara Federal demorará varios meses en hacer su análisis.
Una vez que tome postura, ese tribunal confirmará, rechazará o brindará directivas que Vaca Narvaja deberá cumplimentar.
Luego de esto, se produciría el pedido de elevación a juicio, que también puede ser apelado.
Y, recién cuando la elevación a juicio quede firme, se interrumpirá el plazo de prescripción.
Socios y satélites
El procesamiento que se firmó ayer indica que el instructor llega a un grado de convicción suficiente como para adjudicar al imputado su participación en los hechos.
En este trámite, Vaca Narvaja emprende contra los socios de la financiera.
Además de sobreseer por muerte al vicepresidente Jorge Suau (falleció en extrañas circunstancias aún no aclaradas), dicta la prisión preventiva del titular, Eduardo Daniel Rodrigo, a quien considera el jefe u organizador de la asociación ilícita.
También procesa a los otros miembros de la firma, Aldo Hugo Ramírez, Julio César Ahumada, Daniel Arnoldo Tissera y Oscar Américo Altamirano.
De igual modo, se procesa a Darío Onofre Ramonda y su hijo Darío José, quienes representan al concesionario Toyota Centro Motor, señalado en el expediente como ?socio oculto? de CBI y ?que aportaba fondos para la operatoria.
Además está involucrado Miguel Ricardo Vera, señalado como uno de los principales responsables de un formidable mecanismo de lavado de dinero a través del descuento de cheques con dos empresas fantasma creadas para evadir el impuesto a esos valores: las firmas Halabo SA y Jotemi SA. Este imputado recuperó su libertad en diciembre pasado.
Según la causa, por la sucursal Banco Nación ubicada frente a la plaza San Martín (cuya causa no fue incluida en el procesamiento firmado ayer) se blanquearon y monetizaron más de 700 millones de pesos.
En este tramo, participaron otras personas imputadas, como Jorge Osvaldo Castro, Paula Andrea Vertorello, Roberto Carlos Di Rienzo y Carina Andrea Moreno.
También está involucrado en la intimación de Vaca Narvaja el empleado de CBI encargado de la sucursal Rivadavia (en plena city cordobesa), Luis María de los Santos, al igual que Olga Beatriz Divina y Luis Sebastián Bulchi.
Diego Ariel Sarrafian, el otro detenido en la causa, también fue procesado: se le reprocha haber introducido en la financiera cheques sin fondos o incobrables, ?muchos de los cuales se encontraban denunciados por robo o extravío, valores que eran utilizados por Cordubensis para garantizar depósitos de clientes?.
A él, Vaca Narvaja también le ordenó la prisión preventiva y lo procesó por intermediación financiera no autorizada, pago de cheques sin fondos, lavado de activos agravado y asociación ilícita.
Está privado de la libertad por la Cámara Federal y ahora se confirma su encierro porque está procesado en la Justicia federal por contrabando agravado, junto a su padre y hermano, en otra causa.
Asimismo, en la Justicia provincial está imputado de estafa por la no entrega de un departamento.
En esta maniobra de CBI, completan la nómina de procesados la esposa de Sarrafian, Griselda Eugenia Leal, y la hermana de esta, Carla Vanesa.
Aliviados
Por otra parte, luego de tres años de ser investigados, algunos de los 23 incluidos en esta resolución comenzaron a sentir diversas situaciones de alivio.
El jardinero de Vera, Hugo Marcelo Páez, estaba acusado de ser miembro de la asociación ilícita, intermediación financiera y bursátil no autorizada, lavado de activos y evasión tributaria.
Ahora se llegó a la conclusión de que habían utilizado su nombre y que por su muy escasa instrucción era incapaz de cometer semejante gama de delitos. Fue sobreseído.
Respecto de la escribana Doris Liliana Puccetti, el juez sostiene que hay falta de mérito porque no hay evidencia ?ni para procesar ni para sobreseer?.
Según se investiga, Rodrigo enviaba a su estudio notarial del Cerro de las Rosas a los clientes para que certificara sus firmas, y con esto daba un viso de legalidad a los contratos de mutuo.
Ahora surge que la notaria al parecer sólo pedía los documentos y certificaba las firmas de los ahorristas. De allí a integrar una asociación ilícita o incurrir en intermediación financiera ilegal, hay una gran distancia.
También se dictó falta de mérito a Romina Verónica Moreno.
En tanto, a algunos de los imputados también se les cayó parte de las acusaciones: a De los Santos, las hermanas Leal, Paula Vertorello, Carina Moreno, Di Rienzo, Castro, Divina y Bulchi.
Despiece de la causa
Vaca Narvaja recibió el expediente en septiembre de 2015, cuando fue desplazado su par Ricardo Bustos Fierro.
Un año y medio después comienza a cumplir su objetivo de dividir en partes e ir ?sacando? el caso en tramos.
Este procesamiento incluye la situación de 22 de los 37 imputados y no tiene en cuenta, por el momento, otras cuatro causas: la del movimiento de dinero por el manejo de la recaudación del boleto urbano de pasajeros de la ciudad de Córdoba, conocida como ?Siemens-Atos?; la del cobro de cheques de la obra social nacional Osecac, en la que están imputados el empresario Euclides Bugliotti y su contador Fernando Guevara Amado; un emprendimiento inmobiliario cuyos fondos habrían pasado por CBI, con la imputación de José Luis ?Toti? Weissbein; y Compañía Financiera Toyota, con sede en Buenos Aires.
En un párrafo, Vaca Narvaja se refiere a estas cuatro causas y dice que ?la situación procesal de Carlos Forconi, Juan Dabusti, Carlos Abril, Raúl Alberto Toscano, Sebastián Viano, Federico Pucheta, Guillermo Antonio Mateo, Antonio Casado, Víctor Alaniz, Eduardo José Espinelli, Alejandro Miguel Yacopini, Euclides Bartolomé Bugliotti, Javier Fernando Guevara Amado y José Luis Weissbein será resuelta en una instancia posterior?.
En la resolución de ayer se omitió precisar qué sucede con la situación de José María Núñez (presunto responsable de una computadora que contenía información sensible de CBI que se perdió).
Una extraña muerte
Vicepresidente. El caso CBI comenzó a conocerse luego de una trágica noticia.
El día en que Suau fue encontrado sin vida. El 13 de febrero de 2013, en un camino rural entre Córdoba y Alta Gracia, fue encontrado muerto y semicalcinado Jorge Suau, el vicepresidente de CBI. Hasta hoy, poco se sabe sobre si Suau se suicidó o si lo mataron. El fiscal Enrique Senestrari solicitó un ADN al bidón de nafta hallado en la camioneta en la que el empresario apareció muerto.
La carta póstuma que guió a la investigación. Días después de la muerte de Suau, un allegado a él acercó a la Justicia federal una carta que el empresario había dejado antes de morir. Su instrucción había sido clara: si le pasaba algo, esa carta debía llegar a un juez federal. Allí, Suau explicaba que CBI había quebrado en medio de una disputa y relataba un gigantesco movimiento clandestino de dinero.
Una causa voluminosa. En septiembre de 2015, la sala B de la Cámara Federal de Apelaciones resolvió apartar al juez natural del caso, Ricardo Bustos Fierro, al que se le reprocha haber actuado de manera parcial en cuanto a la imputación del empresario Euclides Bugliotti. El expediente ya tiene 83 cuerpos en los que se describen 82 hechos con 37 imputados.
Embargos millonarios. En los procesamientos dictados ayer, el juez Vaca Narvaja también ordenó embargos por 520 millones de pesos en total. A Rodrigo lo embargaron por 100 millones de pesos; a Ramírez, Ahumada y Tissera, 90 millones; a Darío Onofre y Dario José Ramonda, 60 millones; a Vera, 90 millones; a De los Santos, 40 millones; a Vertorello, Castro, Carina Moreno, 50 millones; a Di Rienzo, Divina y Bulchi, 20 millones; a Sarrafian, 60 millones; y a Griselda y Carla Leal, 10 millones. En agosto pasado, la Cámara de Apelaciones había declarado nulo un embargo anterior, al total de los imputados, que ascendía a 1.600 millones de pesos, según la estimación que había realizado el juez en aquel momento.
La Voz del Interior 10-2-17
Caso CBI: por qué Accastello sigue involucrado
El juez federal Vaca Narvaja devolvió el expediente al fiscal Senestrari para que siga investigando al exintendente de Villa María. La justificación de Boldú sobre el origen de los 290 mil dólares trae varias conjeturas.
El juez federal N° 3 de la ciudad de Córdoba, Miguel Hugo Vaca Narvaja, le contestó al fiscal Enrique Senestrari que si el exintendente de Villa María Eduardo Accastello y el exintendente de Laguna Larga Fernando Boldú no pueden justificar la tenencia de 290 mil dólares en una caja de seguridad de la financiera Cordubensis (CBI), no debe descartar la posible comisión de los delitos de evasión de impuestos y lavado de dinero.
Con este y otros argumentos, Vaca Narvaja rechazó la solicitud del fiscal de girar las actuaciones a la Justicia provincial y enumeró una serie de cuestiones para seguir investigándolos.
En el expediente de la megacausa CBI, se analiza la procedencia de 290 mil dólares, en billetes de 100 con numeración correlativa, en una caja de seguridad de la sede de CBI en Dinosaurio Mall, a la que Accastello tenía acceso autorizado.
En su momento, para justificar ese monto, Boldú y Accastello sostuvieron que esos dólares procedían de la herencia que había recibido el primero de su padre.
Pero hay una serie de cuestiones en las que el fiscal parece no haber profundizado.
Si resultaba sospechoso que esos dólares tuvieran numeración correlativa, hace poco se descubrió que buena parte de esos billetes (12 fajos de 10 mil dólares) tienen fecha de impresión en 2006 y Roberto Antonio Boldú (el padre) falleció el 9 de julio de 2000.
Para investigar lavado de activos o el origen del dinero, puede tomarse en cuenta lo siguiente, que consta en la causa: Boldú (el hijo) presentó el año pasado ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) ?y un funcionario lo certificó? un escrito del 6 de junio de 2006 en el que enumeraba entre los bienes de la sucesión de su padre la suma de 300 mil dólares.
La investigación requirió ese escrito original que integra el expediente de la sucesión en el Juzgado Civil y Comercial de Río Segundo, pero el documento no pudo ser hallado. Se perdió.
Ahora, desde el Juzgado Federal oficiarán al Juzgado de Río Segundo en procura del libro de recibos de esa sede judicial, para ver quién se llevó ese documento que respaldaría, en parte, la declaración jurada de Boldú.
Autorizados de confianza
Un motivo más para dudar de que esos dólares difícilmente fueran de la herencia de su padre, es que Boldú guardó ese dinero en una caja de seguridad en la que puso a Accastello como autorizado para ingresar.
Si ese dinero era de su familia, ¿por qué buscó a alguien externo a su círculo íntimo para confiar ese dinero?
En CBI, había cuatro cajas a nombre de Boldú y de Verónica Navarro, pareja de Accastello. A esto hay que sumarle que en la que se encontraron los 290 mil dólares, Accastello estaba autorizado.
Además, en la empresa de custodia de valores Bacar, Accastello también tenía un cofre, en este caso como titular.
Accastello era el presidente del Ente Intermunicipal de Desarrollo Regional (Eninder), un organismo que se creó para prestar servicios y realizar obras a más de 40 municipios del centro del país.
En CBI hay al menos un cheque del Eninder, y se sabe que fue llevado por Raúl Altamira, quien apenas está mencionado en la causa.
Además de ese cheque, existe la posibilidad de rastrear otros que pasaron, por ejemplo, por la maniobra que se hizo a través de la sucursal plaza San Martín del Banco Nación, por nada menos que 716 millones de pesos.
Todos los cheques de las empresas fantasma Halabo y Jotemi que vaciaron para CBI fueron escaneados y están ?truncados?.
El fiscal o el juez pueden pedir las imágenes de esos cheques y así obtener todos sus datos, para rastrear de quién proceden esos valores, quién los firmó, a quiénes les pagaron, quién está en los endosos y quién los cobró.
Si se indaga más en el Banco Nación ?lo que hasta ahora no se hizo?, acaso se vislumbre si hay cheques de la obra pública, de alguna dependencia pública o de algún organismo, como el Eninder.
Según las planillas, hay un cheque por cinco millones de pesos del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (Pami) que pasó por CBI sin que se investigue su procedencia y destino, quiénes lo libraron y para pagar qué.
Algo similar sucede con la Obra Social de Empleados de Comercio y Actividades Civiles (Osecac) y el pago a un prestador con sede en San Juan.
Los ejemplos siguen.
Nuevas medidas
Luego del rechazo de la Cámara Federal al embargo de 1.600 millones de pesos a los imputados en CBI, el juez federal Vaca Narvaja viene adoptando posturas más cautas ante los pedidos del fiscal Senestrari.
La relación entre ambos se ha tensado.
Además de decirle ?no? al fiscal por el tema Accastello, Vaca Narvaja ordenó medidas para corregir la escasa profundidad de la investigación al Banco Nación.
Entre otras requisitorias al presidente del banco en persona, Carlos Melconian, el juez federal pidió todo el organigrama de la sucursal en cuestión al momento del multimillonario lavado de CBI.
Senestrari sólo imputó al entonces gerente Tito Zurko.
La intención de este pedido es buscar más responsables, como el tesorero, el empleado que pagaba en la caja 14 (de discapacitados), de donde salían las valijas de hasta cinco millones de efectivo diarios, entre otros agentes bancarios.
?Debe haber, por lo menos, seis o siete imputados? en esa sucursal, confiaron fuentes que siguen de cerca la causa CBI.
La quiebra de CBI
La causa CBI se comenzó a ventilar, a nivel judicial, el 14 de febrero de 2014, cuando se conoció la muerte del vicepresidente de la firma, Jorge Suau, ocurrida un día antes en circunstancias aún no aclaradas por la Justicia. El cadáver fue hallado en el interior de su camioneta, en la que se produjo un principio de incendio, en un sector rural de Camino a San Carlos, al sur de la ciudad de Córdoba. De manera paralela, se producía la caída de una mesa de dinero multimillonaria y el fraude a cientos de ahorristas que confiaron sus depósitos en dos locales (Dinosaurio Mall y en calle Rivadavia al 100). Hoy hay 37 imputados por diferentes cargos, como estafa, intermediación financiera fraudulenta y lavado de dinero, entre otras figuras penales.
L Voz del Interior 18-9-2016
Causa CBI: piden procesar a Rodrigo y a una treintena de imputados
Lo solicitó el fiscal Senestrari. El funcionario judicial cree que se está cerca del pedido de juicio oral de la causa.
El fiscal federal Enrique Senestrari pidió el procesamiento de 36 imputados en la causa CBI, entre los que se encuentran Eduardo Rodrigo, expresidente de la financiera Cordubensis.
Rodrigo se entregó a la Justicia a fines de diciembre pasado.
Entre el pedido de procesamiento se encuentra también el empresario Euclides Bugliotti. En mayo pasado habían inhibido los bienes del empresario.
En la causa se investigan presuntas estafas, evasión de impuestos, comercio ilegal de divisas, intermediación financiera no autorizada y lavado de dinero por cifras millonarias a través de la financiera CBI Cordubensis.
"Consideramos que la prueba es más que suficiente para que se dicte el procesamiento y en un corto tiempo judicial, podemos estar hablando ya de la elevación a juicio", dijo Senestrari a radio Mitre.
La Voz del Interior 7-7-16
Ya son tres los presos por el caso CBI
El juez Vaca Narvaja ordenó la captura de Diego Sarrafian. El imputado se entregará hoy, según anunció su abogado defensor. Está señalado por haber ensuciado la cartera de cheques de Cordubensis, con instrumentos apócrifos o incobrables, según la causa.
Imputados. Diego Ariel Sarrafian y su esposa, Griselda Leal. (Facebook)
Diego Ariel Sarrafian se convertirá hoy en el tercer detenido en la causa por irregularidades en la financiera Cordubensis (CBI), de acuerdo con lo que ordenó ayer al mediodía el juez federal N° 3 de la ciudad de ?Córdoba, Miguel Hugo Vaca Narvaja.
Imputado de los presuntos delitos de asociación ilícita e intermediación financiera fraudulenta, Sarrafian era socio de Eduardo Rodrigo ?presidente de CBI, también detenido? y habría estado a cargo de una mesa de dinero que se movía independientemente pero que, además, aportaba cheques a la cartera general, de acuerdo con lo que surge del expediente.
Además de la actividad financiera ilegal, Sarrafian está señalado como un personaje principal para haber ?ensuciado? la cartera de cheques que terminó por derrumbar a CBI.
Según consta en la causa, sería uno de los principales aportantes de cheques denunciados, con firmas apócrifas, incobrables o de cuentas cerradas, entre otros motivos para considerarlos malos.
A cambio, obtuvo, en el momento del abismo de la financiera, cheques ?buenos?.
Los que quedaron en la cartera de CBI constituyeron los ?clavos? que nunca pudieron efectivizarse y que arrastraron a la quiebra. Con esto, son tres los detenidos en la causa.
Además de Rodrigo y Sarrafian, el mes pasado fue detenido Miguel Vera, responsable del movimiento de vaciamiento de CBI en el banco Nación, sucursal plaza San Martín de la ciudad de Córdoba, de acuerdo con lo que se investiga.
La causa CBI estalló el 14 de febrero de 2014, cuando se conoció la dudosa muerte del vicepresidente de la firma, Jorge Suau, ocurrida un día antes en circunstancias aún no aclaradas por la Justicia.
El hallazgo del cadáver en el interior de su camioneta, en un camino rural, se producía en el marco de la caída de una mesa de dinero multimillonaria y el fraude a cientos de ahorristas que confiaron sus depósitos en dos locales, ubicados en el complejo Dinosaurio Mall y en calle Rivadavia al 100, ambos de la ciudad de Córdoba.
Ese día se desataba un inmenso escándalo financiero y judicial que hoy tiene 37 imputados en la Justicia federal, los que deben responder por diferentes cargos, como estafa, intermediación financiera fraudulenta y lavado de dinero, entre otras figuras penales.
El origen de los fondos, el manejo de ese capital y los nombres involucrados transformaron esta megacausa en uno de los hechos judiciales más resonantes de los últimos años en Córdoba.
Mesa familiar
Luego de dictarse la orden de detención, horas más tarde el abogado de Sarrafian anticipó que lo ?presentará? en la mañana de hoy en el 7° piso de la torre de Tribunales federales, en el juzgado de Vaca Narvaja. Por esto, no fue necesario que fueran a buscarlo a su domicilio, en una urbanización ubicada en el oeste de la ciudad.
La orden de detención de Vaca Narvaja se produce luego de un largo recorrido de pedidos de detención y acciones recursivas para tratar de sostener la libertad.
La Cámara Nacional de Casación Penal le dijo ?no? en septiembre de 2015 y el mes pasado rechazó el pedido de recurso extraordinario ante la Corte Suprema. Ayer llegó el expediente a manos de Vaca Narvaja, quien no tuvo más que firmar la orden.
Entre los motivos que se consideraron para sostener la peligrosidad procesal de Sarrafian figuran, entre otros, los siguientes: pronóstico punitivo, de tres a 10 años de prisión por el delito más grave, asociación ilícita; el monto del perjuicio a los ahorristas damnificados, del orden de los 38 millones de pesos; la contribución que, junto a su esposa Griselda Leal y su cuñada Carla Leal (ambas imputadas por iguales cargos), al parecer hicieron para ensuciar la cartera de cheques de CBI; y la proclividad que tuvo para incurrir en maniobras ilegales.
La voz del Interior 17-3-2016
Causa CBI: Eduardo Rodrigo se entregó ante el juez Vaca Narvaja
El juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja ordenó la privación de la libertad solicitada por el fiscal Enrique Senestrari. El defensor del titular de la financiera Cordubensis (CBI) recusó al magistrado por adelanto de opinión.
Por Francisco Panero
Luego de que el juez federal 3 de Córdoba Miguel Hugo Vaca Narvaja ordenara su inmediata detención, el presidente de la financiera Cordubensis (CBI) Eduardo Rodrigo se presentó este mediodía ante el magistrado en compañía de su abogado, el asesor letrado Marcelo Arrieta.
La decisión de Vaca Narvaja respondió al pedido que efectuó el fiscal Enrique Senestrari tras la nueva imputación a Rodrigo por insolvencia procesal fraudulenta luego de acusarlo de simular que vendió a un sobrino una casa en El Bosque. La maniobra es juzgada por el instructor como una intención de enajenar su capital para evitar responder con su patrimonio a eventuales multas por evasión y cubrir créditos reclamados por ahorrista defraudados en CBI.
Además de concretar la entrega voluntaria en el Juzgado Federal 3, la defensa de Rodrigo formuló esta mañana dos presentaciones para oponerse a la decisión de Vaca Narvaja: antes, recusó al juez por "adelanto de opinión" ante la prensa y, a posteriori, apeló la privación de la libertad.
Arrieta y su secretaria Evangelina Pérez Mercau cuestionan la decisión de Vaca Narvaja porque, entienden, al haber recursos defensivos existe "efecto suspensivo" de la medida: no debería concretarse la detención hasta tanto quede firme la resolución de los cuestionamientos.
Para Vaca Narvaja, la orden de detención, en este caso, tiene "efecto devolutivo", con lo cual Rodrigo debe estar preso mientras se tramitan los recursos de recusación y apelación.
La maniobra de venta de la propiedad ha sido juzgada por Senestrari, y ahora por el juez, como un claro indicador de "peligrosidad procesal" porque significa un ocultamiento de prueba. Dicho de otra forma, el imputado procuró solventarse para evitar hacer frente a las demandas de las dependencias estatales y de los particulares defraudados.
Imputación
La semana pasada, Senestrari volvió a pedir la detención de Rodrigo tras imputarlo por insolvencia procesal fraudulenta, ahora por haber pretendido enajenar bienes propios que podrían servir para responder a multas o a cubrir créditos reclamados por los damnificados.
Concretamente, se lo acusa de haber simulado la transferencia de una casa en el country El Bosque, valuada entre ocho millones y nueve millones de pesos. La transferencia a precio vil de 300 mil pesos -según la acusación- era a favor de un sobrino de Rodrigo y la operación fue tramitada por su madre escribana, Norma Berta Copello de Rodrigo. Los tres quedaron imputados pero a Rodrigo se le solicitó la detención. Senestrari había pedido la detención de Rodrigo en numerosas oportunidades desde que instruye la causa, pero el juez anterior, Ricardo Bustos Fierro se la había denegado siempre.
Rodrigo venía sorteando esos pedidos de detención, desde que estuvo fuera del país tras la caída estrepitosa de CBI. Ahora, con juez nuevo y por una nueva maniobra, será puesto por primera vez tras las rejas.
La Voz del Interior 18-12-15
En el Banco Nación de Córdoba se vaciaron $ 716 millones de CBI
Lo ratifica un informe general de la quiebra que se elaboró, Se movieron cifras multimillonarias por mes, ante la vista de las autoridades de la sucursal de la plaza San Martín, de Córdoba.
Según la causa, al Nación llegaban cheques de CBI que eran cobrados, y el efectivo era retirado en bolsos (Martín Baez / Archivo).
Ante la vista de las autoridades de la sucursal del Banco de la Nación Argentina ubicada frente a la plaza San Martín de la ciudad de Córdoba, se produjo el vaciamiento de más de 716 millones de pesos de la financiera Cordubensis (CBI). Ello ocurrió inclusive hasta cuatro meses posteriores a la caída de esa empresa ilegal, en febrero de 2014.
Así lo confirma el informe general de la Sindicatura de la quiebra de CBI, manejada en la Justicia provincial por el juez Domingo Saúl Silvestre.
Ese trabajo, elaborado por los síndicos Ricardo Veltruski Heck y Héctor Horacio Ruiz, ratifica el dato publicado en varias ocasiones: que desde la sucursal de la financiera en calle Rivadavia se depositaba gran cantidad de cheques y todos los días volvían mochilas repletas de dinero que se hacía efectivo en el Banco Nación.
Además del secuestro documental, los síndicos de la fallida se valen de peritajes de entidades oficiales para formular sus afirmaciones.
Causa CBI: pidieron la detención de Eduardo Rodrigo
10/12/2015 | 18:07 | Lo solicitó el fiscal federal Enrique Senestrari. Se trata del titular de la financiera y uno de los principales acusados en el caso. Está sospechado de realizar una falsa venta de una mansión.
Pidieron la detención de Eduardo Rodrigo por la causa CBI (Francisco Centeno).
El fiscal federal Enrique Senestrari ordenó esta tarde la detención de Eduardo Rodrigo, titular de la financiera CBI y uno de los principales acusados en la causa.
Las primeras informaciones aseguran que el empresario está sospechado de la falsa venta de una mansión del country El Bosque, de la ciudad de Córdoba.
Según confirmaron fuentes judiciales, Rodrigo habría vendido el inmueble, valuado en 9 millones de pesos, a su sobrino por 300 mil pesos, cuya operación habría sido aprobada por su madre, la escribana Norma Copello.
?En el marco de la causa, Rodrigo habría transferido una valiosa mansión del country El Bosque a su sobrino, con la intervención de su madre, la escribana Norma Copello, por 300 mil pesos?, señaló el abogado Carlos Nayi, representante de damnificados en la causa CBI.
En diálogo con Cadena 3, el letrado aseguró que a Rodrigo se lo imputó en esta ocasión por ?insolvencia procesal fraudulenta?, mientras que a su madre y sobrino, por ?falsedad ideológica?.
Informe de Francisco Centeno.
Cadena3 10-12-15
Bugliotti: no opera con mesas de dinero
El empresario Euclides Bugliotti negó que haya operado con "mesas de dinero" durante su paso por Tribunales federales, a los que fue convocado para ser indagado por la causa de la financiera ilegal CBI.