Caso Solange Musse: cuatro funcionarios imputados por impedir el ingreso del padre a Córdoba
Se trata de un policía de la Caminera, dos médicos y una trabajadora social. Están acusados de violación de los deberes de funcionario público y de abuso de autoridad.
La fiscal federal de Río Cuarto, Alicia Cena, imputó a un policía, a dos médicos del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) y a una trabajadora social por presunta violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad al impedir el ingreso del padre de Solange Musse a Córdoba para que pudiera despedirse de su hija, quien murió de cáncer en Alta Gracia.
La denuncia contra las autoridades provinciales había sido presentada por el padre de la joven de 35 años en septiembre pasado ante la Justicia federal de Córdoba, fuero en el que el juez N° 1, Ricardo Bustos Fierro, había autorizado a Pablo Gustavo Musse para que viajara desde Neuquén ?donde reside? hasta Alta Gracia para asistir al velatorio de su hija.
La denuncia apuntaba a los posibles delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y privación ilegal de la libertad calificada. Al mismo tiempo, la familia había realizado otra denuncia, a través de su abogado Carlos Nayi, contra el Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), con sede en Washington.
En ese caso, fue por la presunta violación de garantías nacionales e internacionales, y solicitaron que el Gobierno suspendiera las restricciones a la ?libertad ambulatoria?.
IMPUTACIÓN
Luego de que la causa pasó a la Justicia provincial y nuevamente regresó a la federal, la fiscal Cena, de Río Cuarto, imputó a un sargento primero de la Policía Caminera, con base en la localidad de Huinca Renancó, a dos médicos del COE (dependiente del Ministerio de Salud provincial) y a una trabajadora social en esa órbita. Todos fueron llamados a declaración indagatoria.
Los cuatro fueron acusados de haber incumplido los deberes de funcionario público al impedirles, el 16 de agosto de 2020, el ingreso a la provincia a Pablo Gustavo Musse y a su cuñada, Paola Lorena Oviedo, quienes no pudieron trasponer el puesto de control interprovincial ubicado en la ruta 35, en la localidad de Huinca Renancó, como La Voz publicó por entonces.
Musse había decidido viajar para verla por última vez, debido al cáncer terminal de mama de estadio cuatro (metástasis en huesos, hígados y pulmones), por lo que llegó a Huinca Renancó tras 40 horas de manejo sin descanso por Neuquén, Río Negro y La Pampa.
Presentó la documentación requerida para viajar: el pedido de circulación especial de alcance nacional junto con el de su cuñada, que los autorizaba a viajar desde Pottier, en Neuquén, hasta la ciudad de Córdoba, y también el certificado de regreso a su casa. Entre los requisitos que le solicitaban desde el COE, figuraba la realización de un hisopado negativo 48 horas antes del ingreso.
Debido a los dos testeos dudosos (y no positivos, como figura en el registro de guardia y como adujo la Provincia en su momento) para Covid-19, los funcionarios habrían abusado de su autoridad al hacerlos regresar, escoltados por la Policía.
En ese punto habrían incumplido lo que mencionan los protocolos de ingreso a la provincia en el contexto de la pandemia cuando se detecta un caso sospechoso de Covid-19. En esa circunstancia, como indica el protocolo, el conductor debía ser analizado en un hospital.
Ante la imposibilidad de poder despedirse de su hija, como sostuvo el abogado Nayi en su denuncia, se habría violado el Protocolo 48 (sobre la circulación de personas en territorio cordobés), porque el texto menciona que los que no residan en Córdoba podrán ingresar y transitar dentro de la provincia en casos de ?fuerza mayor?, como el fallecimiento de un familiar directo o la asistencia a familiares y a adultos mayores.
Al volver a Neuquén, Musse se hizo un hisopado, que dio negativo, y con la autorización del juez Bustos Fierro pudo llegar hasta Alta Gracia para despedir los restos de su hija.
El caso tuvo un alto impacto social y mediático, y Musse planteó ?la ilegalidad y la arbitrariedad? en la que habrían incurrido las autoridades del Gobierno provincial al no permitirle el ingreso y la circulación por la provincia para ver a la joven en vida.
La recordó por batallar contra la enfermedad ?hasta el último suspiro?. ?Sol era una persona maravillosa y luchadora?, la describió, con lágrimas en los ojos.
La Voz del Interior 13-5-21
Caso Solange: el padre presenta una denuncia penal para investigar el rol de la Provincia
Pablo Musse busca que la Justicia federal profundice y determine si hubo abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y privación ilegal de la libertad.
Tras el dolor e impacto de no haber podido despedirse de su hija, el padre de Solange Musse, la mujer de 35 años que murió de cáncer en Alta Gracia, decidió elevar su reclamo público al siguiente nivel y presentará una denuncia penal en la Justicia federal para que investigue el rol de las autoridades del Gobierno de Córdoba.
La denuncia será ingresada este jueves por la tarde en la Justicia federal de Córdoba, fuero en el que días atrás el juez N°1, Ricardo Bustos Fierro, había autorizado a Pablo Gustavo Musse (58) -tras elevar un recurso de amparo- a viajar desde Neuquén, donde reside, hasta Alta Gracia para asistir al velatorio.
?Se procederá a formular denuncia penal por la probable comisión de los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, privación ilegal de la libertad calificada etcétera?, dijo a La Voz Carlos Nayi, nuevo abogado del padre. Asimismo, pedirá la intervencion de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
?La actividad arbitraria que representa una clara omisión antijurídica amerita dar paso a una investigación penal. En materia de prevención sanitaria se ha dictado normativa que ha lesionado a partir de una incorrecta interpretación entre otros derechos el de la libertad ambulatoria y el derecho al último adiós?, señaló.
?Se ha desconocido el precepto contenido en el protocolo 48 elaborado por el Comité de Bioética que, tiene vigencia operativa a partir del 15 de julio del año en curso, y que claramente sugiere tres alternativas a seguir en casos de excepción como el que se trata?, manifestó.
?En primer lugar pautas de flexibilización que habilita el derecho a que cada paciente deba ser visto como una persona, respetando el criterio de temporalidad, permitiendo la interacción entre el enfermo y su entorno íntimo a fin de evitar que la tragedia de la muerte próxima la enfrente a la crueldad de no regalarle el último abrazo a sus padres y decirles ?¡los quiero, hasta siempre!?.?, señaló el letrado.
?No existen derechos absolutos en la República Argentina a excepción del Derecho a la Salud que está comprendido dentro del derecho a la vida (artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional). Debemos recordar la savia advertencia del búlgaro Tynetan Todovov (?las causas nobles ni disculpan los actos innobles?)?.
En denuncia se solicitará ?analizar una cadena de responsabilidades, partiendo de la primera y es que se le pide a la Justicia indagar si el COE violó, como creemos, el protocolo?, añadió.
Y señaló que se busca determinar si hubo responsabilidad de las autoridades del COE, el Ministerio de Salud provincial y de "la Policía de cada provincia al escoltarlos irracional y desproporcionadamente", y de todo otro actor que por acción u omisión tenga algún grado de responsabilidad en el hecho".
"El COE está por debajo de la Constitución y las leyes dictadas en su consecuencia", indicó.
El caso
Antes de que Solange falleciera el 21 último, tras batallar contra un cáncer terminal de mama en estadío cuatro (metástasis en huesos, hígados y pulmones), su padre intentó verla.
Presentó la documentación para viajar, entre ellos el pedido de circulación especial tramitado en Nación junto con el de su cuñada, Paola Lorena Oviedo. Entre los requisitos que le solicitaban desde el Centro de Operaciones de Emergencia de Córdoba (COE), figuraba la realización de un hisopado negativo 48 horas antes del ingreso.
Musse avisó que no podía realizarse el hisopado en forma particular, ya que no podía costear los ocho mil pesos que cuesta el estudio. Sin embargo, desde el COE de Alta Gracia le indicaron que podía ingresar si realizaba el aislamiento dentro de la casa para no tener contacto directo con su hija (por la patología que presentaba).
Luego de transitar los controles por rutas de Neuquén, Río Negro y La Pampa llegaron a la localidad de Huinca Renancó, en Córdoba, donde los detuvo la Policía, tras 40 horas de manejo sin descanso.
El hombre había señalado que quería verla ?para después no verla más?. Sin embargo, no pudo hacerlo desde marzo ?antes del aislamiento obligatorio en el país por la pandemia del coronavirus-, cuando fue la última ocasión que compartió con ella.
Desde la Provincia, por su parte, indicaron que los resultados de los test son "positivos o negativos", y que, en el caso de Musse, los resultados fueron positivos. Al volver a Neuquén, Musse se hizo tuvo un hisopado, que dio negativo, y con la autorización de Bustos Fierro, pudo llegar hasta Alta Gracia para despedir los restos.
El caso tuvo un alto impacto social y mediático, y Musse planteó ?la ilegalidad y arbitrariedad? en la que habrían incurrido las autoridades del Gobierno provincial al no permitirle el ingreso y circulación por la provincia para ver a la joven en vida. La recordó por batallar contra la enfermedad "hasta el último suspiro?. ?Sol era una persona maravillosa y luchadora", la describió, con lágrimas en los ojos.
En una carta abierta posteada en su perfil de Facebook, culpó al presidente, Alberto Fernández, y a la Provincia: "Usted y el Gobierno de Córdoba le quitaron la libertad y sus derechos a mi hija Solange, derechos básicos universales de cualquier persona en sus últimos momentos de vida?.
?Ella reclamó por sus derechos, pidió verme antes de su partida, pero no se lo permitieron. (?) Nos trataron como terroristas, escoltados por la Policía de cuatro provincias en un trayecto de 900 kilómetros", afirmó. No obstante, Fernández dijo en el programa A dos voces, por TN, que no leyó la carta. "No la conozco. Conozco muy por encima lo que pasó. Es un padre que perdió una hija, ¿qué le puedo decir? sólo puedo estar a su lado. Lo voy a leer?, contestó.
Denuncia, sumario y demanda
A raíz de la controversia por la decisión de la Provincia de no dejar ingresar a Musse en la primera ocasión, el exjuez federal Guillermo Tiscornia presentó una denuncia al Estado nacional ante la Corte Interamericana (CIDH).
Solicitó una medida cautelar para que ordene al Estado la suspensión de los efectos derivados de la ?arbitraria e ilegal normativa dictada por el Estado argentino en materia de prevención sanitaria y para que se adopten todas las medidas que le garantice a la sociedad argentina el derecho a ejercer su propia libertad ambulatoria?.
Desde la Provincia también abrieron un sumario para analizar los roles en el caso. El ministro de Salud provincial, Diego Cardozo, reconoció que inició un sumario administrativo. ?En el momento que me enteré, inicié un sumario administrativo para evaluar cómo ha sido el accionar de todo el personal, también el de frontera?, dijo el funcionario a FM Pulxo días atrás.
Asimismo, la Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos emitió un comunicado en el que lamentó "profundamente que se hayan suscitado hechos de dominio público en los que se priorizó la protocolización rígida por encima del sufrimiento de las personas en el contexto del final de la vida, desconociendo las múltiples voces que en estos días han bregado por la garantía de los derechos de los ciudadanos".
Y el Gobierno nacional publicó en el Boletín Oficial un DNU en el que se autorizó el acompañamiento durante la internación a pacientes en estado crítico con diagnóstico confirmado de Covid-19 o de cualquier enfermedad o padecimiento quedó contemplado
LA VOZ DEL INTERIOR
Federico Noguera
Jueves 03 de septiembre de 2020 - 16:39 | Actualizado: 03/09/2020 - 16:50
Planteó que es el máximo tribunal el que debe resolver si la competencia para investigar la posible responsabilidad de las autoridades del Gobierno de Córdoba es provincial o federal.
El fiscal de la localidad de Huinca Renancó, Marcelo Saragusti, resolvió no intervenir en la denuncia penal que presentó el padre de Solange Musse, por presuntos delitos cometidos por autoridades del Gobierno de Córdoba, y pidió a la Corte Suprema de Justicia que dirima si la competencia para investigar es provincial o federal.
La novedad se conoció este miércoles luego de que Saragusti declinara investigar la causa por considerar que pertenece a la órbita federal, en contra de lo que falló el juez federal de Río Cuarto, Carlos Arturo Ochoa, y dictaminó la fiscal de esa ciudad, Alicia Cena, quienes sostuvieron que la competencia es provincial.
La Sala A de la Cámara Federal de Córdoba había confirmado días atrás el fallo de primera instancia del juez, con lo que el expediente llegó al despacho del fiscal Saragusti. El funcionario judicial planteó ahora que la competencia es federal.
La denuncia y la cuestión de competencia
La familia de la mujer de 35 años que falleció de cáncer sin poder ver por última vez a su padre Pablo Musse, debido a que las autoridades provinciales le impidieron inicialmente el ingreso a Córdoba, busca determinar la posible "cadena de responsabilidades", partiendo desde "la primera".
El padre denunció los presuntos delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, privación ilegal de la libertad calificada, en que habrían incurrido autoridades de la Provincia al no permitirle a Musse padre entrar a territorio cordobés para ver a su hija en vida.
El juez federal N°1 de Córdoba, Ricardo Bustos Fierro, quien en primera instancia intervino al conceder el amparo a Musse al autorizarlo a viajar desde Neuquén a Alta Gracia, para el velatorio de su hija, resolvió remitir la causa al juez federal de Río Cuarto. El magistrado, en consonancia con el dictamen de la fiscal federal interina Cena, resolvió girar la causa a la Fiscalía de Huinca Renancó.
La familia, a través del abogado Carlos Nayi apeló la medida, y el caso "subió" a la Cámara Federal de Córdoba, que confirmó el fallo del juez Ochoa de que la causa debe tramitarse en el fuero ordinario.
Sin embargo, el fiscal provincial Saragusti rechazó intervenir. Al fundar su rechazo, señaló que de la denuncia surge "la intervención de fuerzas policiales de tres o cuatro provincias argentinas, lo cual evidencia la interjurisdiccionalidad" policial "para el supuesto hipotético de privación ilegítima de la libertad de Musse" y su cuñada, Paola Lorena Oviedo, quien viajaba con él cuando no pudieron ingresar a Córdoba.
?Esta cuestión de vital relevancia es omitida en la vista contestada por la señora fiscal federal Alicia Cena, ya que en su dictamen no menciona lo aludido por el denunciante respecto a la participación de las fuerzas policiales de las provincias de La Pampa y Río Negro ?solo menciona a Córdoba-", cuestionó Saragusti.
?Sin embargo, ello hace al núcleo de la cuestión a dilucidar, toda vez que los supuestos delictivos de privación ilegítima de la libertad, habrían ocurrido en al menos tres provincias, con lo cual el interés trasciende la provincia de Córdoba?, indicó.
Por otra parte, el fiscal afirmó que Musse y Oviedo debían contar con un permiso de circulación por distintas provincias para llegar a destino, exigido por las autoridades nacionales a través de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU).
"Si bien fueron dictadas disposiciones provinciales al respecto, las mismas fueron de adhesión a las normas nacionales antes referidas y dirigidas a proteger la salud pública nacional. En dicha línea se encuentra el comunicado de la Procuración General de la Nación, que reafirma el compromiso de preservar la salud pública, teniendo especial consideración los fines que el artículo 120 de la Constitución Nacional le asigna al Ministerio Público Fiscal, expresando que 'es oportuno recordar la naturaleza federal en la materia?, en relación a las normas dictadas en consecuencia y a partir del DNU 260/20, basado en el interés nacional que lo motivó (...)?.
?La declaración de incompetencia de la Justicia federal para entender en estos autos, soslaya y minimiza tanto la extensión como el alcance nacional o internacional de los derechos humanos en juego, pretendiendo someter a un extremo rigor formal el caso bajo examen, y concentrar y parcializar su análisis?, cuestionó.
?Queda claro, incluso, que la dirección asumida hasta el momento, por las distintas instancias que resuelven las cuestiones de competencia en razón de la materia, contrarían la voluntad que en la temática asumió oportunamente el procurador General de la Nación, en relación a la evitación de planteos y conflictos de competencia, a fines de la efectiva realización del derecho, en el amplio marco de la situación extraordinaria planteada?, indicó.
A su vez, Saragusti ponderó entre sus fundamentos para rechazar su intervención en la causa "la dimensión" del caso. Al respecto, aludió a que "resulta tan superadora de los límites" de la provincia de Córdoba, ya que "llegó a plantearse la responsabilidad del Estado argentino ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), solicitándose una medida cautelar al Estado nacional por el derecho a ejercer la propia libertad ambulatoria, problemática que indudablemente se enmarca en la órbita de la Justicia federal?, remarcó.
Por lo tanto, resolvió que no es competente para entender la causa y señaló que la Corte Suprema deberá resolver qué fuero es el competente. El abogado de la familia destacó, por su lado, que el fiscal haya coincidido "en los mismos argumentos utilizados" que él "para entender que es competencia federal".
El caso
Antes de que Solange falleciera el 21 de agosto último, tras batallar contra un cáncer terminal de mama en estadío cuatro (metástasis en huesos, hígados y pulmones), su padre intentó verla.
Presentó la documentación para viajar, entre ellos, el pedido de circulación especial tramitado en Nación junto con el de su cuñada, Paola Lorena Oviedo. Entre los requisitos que le solicitaban desde el COE, figuraba la realización de un hisopado negativo 48 horas antes del ingreso.
Musse avisó que no podía realizarse el hisopado en forma particular, ya que no podía costear los ocho mil pesos que cuesta el estudio. Sin embargo, desde el COE de Alta Gracia le indicaron que podía ingresar si realizaba el aislamiento dentro de la casa para no tener contacto directo con su hija (por la patología que presentaba).
Luego de transitar los controles por rutas de Neuquén, Río Negro y La Pampa llegaron a la localidad de Huinca Renancó, en Córdoba, donde los detuvo la Policía, tras 40 horas de manejo sin descanso.
El hombre había señalado que quería verla ?para después no verla más?. No obstante, no pudo hacerlo desde marzo ?antes del aislamiento obligatorio en el país por la pandemia del coronavirus-, cuando fue la última ocasión que compartió con ella.
Desde la Provincia, por su parte, indicaron que los resultados de los test son "positivos o negativos", y que, en el caso de Musse, los resultados fueron positivos. Al volver a Neuquén, Musse se hizo tuvo un hisopado, que dio negativo, y con la autorización de Bustos Fierro, pudo llegar hasta Alta Gracia para despedir los restos.
El caso tuvo un alto impacto social y mediático, y Musse planteó ?la ilegalidad y arbitrariedad? en la que habrían incurrido las autoridades del Gobierno provincial al no permitirle el ingreso y circulación por la provincia para ver a la joven en vida. La recordó por batallar contra la enfermedad "hasta el último suspiro?.
Desde la Provincia también abrieron un sumario para analizar los roles en el caso.
La Voz del Interior 28-10-20