La participación de policías en el asesinato y los delitos cometidos durante la instrucción son los puntos pendientes de investigar, tras quedar firme la sentencia que condenó a la viuda Mercedes Segalá.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme el pasado 4 de noviembre la condena de Brígida Mercedes ?Pirucha? Segalá como asesina de su esposo, el panadero Héctor Corradini (35). Y ese fallo definitorio habilitó los mecanismos judiciales para reabrir las investigaciones que quedan pendientes. Lo que se busca es establecer quiénes participaron de la trama del crimen mafioso, como así también los delitos cometidos durante largos años de instrucción, para no alcanzar la verdad.

Esa ?firmeza? que imprimió la Corte da especial validez a la sentencia del 5 de diciembre de 2016 en la Cámara 3ª del Crimen de la ciudad de Córdoba, en el segundo juicio por el crimen del panadero. Además de condenar a prisión perpetua a la viuda como autora intelectual y a Víctor Hugo ?Mandrake? Quinteros como sicario ejecutor, se dictaron directivas para investigar varias cuestiones aún por develar, en un caso que este martes cumplirá 23 años con sólo una parte de la verdad esclarecida.

Ese segundo juicio estableció que hubo dos móviles para matar a Corradini: el de la viuda, que actuó por codicia para cobrar dos seguros de vida y pagó a un sicario para que ejecutara a su marido; y el de los policías que el panadero iba a denunciar el día que lo asesinaron con impronta mafiosa, de tres disparos en la cabeza, atado de pies y manos.

Cuanto menos, la segunda sentencia da por probado que el arma asesina, un revólver Tanque 32, salió y volvió al Precinto 36 de la Policía de Córdoba antes y después del crimen.

La ?pata policial? de esta historia es la gran asignatura pendiente de la investigación. Esto tropieza con la absolución de dos uniformados juzgados en el primer juicio, el comisario Oscar Reynaldo Aguilar y el sargento Mario Oscar Onainty. En principio, hay un escollo insalvable para vincularlos y tiene que ver con que nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa.

Policías. El comisario Oscar Reynaldo Aguilar y el sargento Mario Oscar Onainty, durante el primer juicio que los absolvió, en 2011. (La Voz / Archivo)

Ese mismo Precinto 36 tenía una cooperadora cuyo presidente era nada menos que Corradini. Hay quienes sostienen que él firmó su propia sentencia de muerte cuando imprimió y repartió folletos anunciando que el 17 de noviembre de 1998 ?el día que iban a matarlo? haría un acto en la plaza de barrio Los Naranjos y allí denunciaría irregularidades en el manejo de dinero por parte de los policías. Aguilar era el titular de esa comisaría, donde también se reportaba Onainty.

La cooperadora se nutría de los recursos aportados por comerciantes de prestigio de la zona (como la panadería fundada por los padres de Héctor) y de una conocida estación de servicios de avenida Fuerza Aérea.

La Voz consultó al querellante por la familia de la víctima, el abogado Carlos Nayi, quien advirtió sobre la imposibilidad de juzgar dos veces a alguien ?por el principio non bis in ídem? pero anticipó que en los próximos días tiene previsto presentar ante el Tribunal Superior de Justicia un recurso de ?cosa juzgada írrita?, en contra de la absolución del primer juicio, del 8 de julio de 2011 en la Cámara 9ª del Crimen.

Recientemente, este diario consultó al segundo instructor de la causa, el fiscal Maximiliano Hairabedian (hoy fiscal federal), quien a mediados de la primera década de este siglo, con la pesquisa del comisario Rafael Sosa, dio vuelta el caso e imputó a la viuda y a los policías. Sobre la instrucción anterior, Hairabedian opinó que no se tuvo en cuenta un antecedente muy claro de parte de Aguilar, quien en un destino anterior ?Río Segundo? también se había visto involucrado en la entrega a un delincuente de un arma del depósito de la comisaría. Añadió que se invalidó la prueba al tomar testimonio a un imputado, precisamente el proxeneta que recibió el arma.

En el primer juicio, Aguilar y Onainty fueron absueltos porque, se sentenció, no fue probado que el arma ejecutora hubiera salido del Precinto 36. Eso fue desterrado y se dio por probado en el segundo debate oral que condenó a la viuda y a ?Mandrake?. Pero los policías ya no estaban sentados en el banquillo de los acusados.

Durante el segundo juicio, la hija mayor de la víctima, Yanina Corradini, declaró sobre el vínculo entre su madre y el comisario Aguilar y dio a entender que tenían una relación sentimental.

La pregunta es si se puede revertir lo que ya se juzgó, aunque se haya probado en el segundo juicio que el motivo de la absolución estaba viciado.

EL TESTIMONIO DE YANINA

Otro de los puntos fuertes que quedan por dilucidar es lo que debe abordar el fuero Anticorrupción: nada menos que investigar a la exfiscal (retirada) Liliana Sánchez, quien tuvo a su cargo los primeros años de la causa del homicidio de Corradini, sin avances.

Una serie de supuestas irregularidades a lo largo de ese proceso hicieron que el expediente cambiara de fiscalía. Sánchez incorporó al ?investigador privado? Luis Vicente Díaz, un expolicía que había sido exonerado de la fuerza por fraguar una escena y encubrir irregularidades.

Este mismo investigador terminó siendo pareja de Segalá y años más tarde fue condenado por abuso sexual en perjuicio de una familiar de la viuda.

Sánchez está señalada por desviar la atención de la pesquisa fuera de la viuda y de los policías. La propia Yanina declaró que, en rueda de reconocimiento de personas, la fiscal le indicó que no reconociera a ?Mandrake? Quinteros como el hombre que entró a su casa para llevarse a su padre, aquella noche del 16 de noviembre de 1998.

Hermanas. Yamila y Yanina Corradini, las hijas del panadero asesinado, tomaron un papel activo en el segundo juicio. (Pedro Castillo)

Por otra parte, la hija mayor del panadero asesinado sostuvo que entre su madre y Díaz le mostraban fotos de personas que ella debía ?reconocer? como autoras del secuestro, pese a que no coincidían con los que ella recordaba.

OTROS ?PENDIENTES?

También deben investigarse supuestas irregularidades cometidas por el primer abogado de la viuda, Walter Ferrero, quien habría introducido en el proceso documentación no veraz para desincriminar a su clienta del trato con ?Mandrake?.

Siempre según las actuaciones por supuesto falso testimonio agravado, deben ser objeto de investigación un primo de los Corradini, Omar Barrera, quien habría formulado acuerdos con la viuda, y Marta Stefani de Budassi, amiga de ?Pirucha? que le facilitaba el teléfono a Segalá para hacer llamados sin el alcance de las escuchas policiales. Como coartada, sostuvo la viuda que en ese aparato recibía llamados de una ?bruja? que le leía las cartas, alguien que nunca fue encontrada.

La voz del Interior 14-11-21