El TSJ ratificó la pena contra el agente Rodrigo Velardo Bustos, quien, borracho y uniformado, ejecutó a Franco Amaya. No se le añadió un calificante. La querella quiere ir hasta la Corte. El asesinato ocurrió durante un retén en Villa Carlos Paz en 2017.

El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) confirmó recientemente la condena de 12 años de cárcel para el agente de policía Rodrigo Maximiliano Velardo Bustos (28), quien, estando alcoholizado y uniformado, ultimó de un balazo en el tórax a un joven desarmado durante un control vehicular. La víctima de ese caso de ?gatillo fácil? fue Franco Amaya (18), un muchacho a quien le fallaron los frenos de la moto y no se pudo detener ante el retén.

Sucedió el 22 de febrero de 2017 en la ciudad de Villa Carlos Paz, en el Valle de Punilla.

El caso constituye prácticamente un antecedente directo del asesinato de Valentino Blas Correas (17).

Si bien en el caso de Franco no se le ?plantó? un arma, se trató de un homicidio cometido por un policía en ejercicio de sus funciones, en la vía pública, de noche y durante un retén. La víctima estaba desarmada y el uniformado disparó contra su humanidad sin justificación alguna.

De hecho, tras aquel asesinato, el por entonces secretario de Seguridad, Diego Hak, y el entonces jefe de Policía, Gustavo Vélez, impulsaron una ?purga? en la Departamental Punilla de Policía y hasta elaboraron un instructivo en el que se ordenaba a los uniformados no disparar durante los retenes, aunque los vehículos por controlar no se detuvieran.

Tres años y medio después de ese caso, sucedió el homicidio de Blas.

Volviendo al caso de Franco Amaya, la fiscal N° 3 de Villa Carlos Paz, Jorgelina Gómez, dispuso la detención del policía Velardo Bustos (autor del crimen) y su imputación por doble homicidio calificado: por un lado, por el uso de arma de fuego; por el otro, por su condición de policía.

Además, la fiscal instructora dispuso la detención del otro policía, José Ezequiel Villagra (26), a quien acusó por omisión en los deberes de funcionario público.

Concretamente lo acusó de no haber asistido al herido mientras aún agonizaba con el balazo en la calle.

El caso, luego de un par de oposiciones, llegó finalmente a juicio oral contra los dos policías en la Cámara 11ª del Crimen, con la participación de jurados populares, en 2018.

Avalando el pedido hecho por el fiscal de cámara (Diego Albornoz), los jueces terminaron condenando sólo al policía Velardo Bustos por el delito de homicidio calificado por el uso de arma de fuego.

Se le quitó el calificante de funcionario policial, lo cual, según la ley argentina, prevé la perpetua.

Velardo Bustos fue condenado a 12 años de cárcel. La escala por ese delito arranca en los 11 y llega a los 33.

Por su parte, el otro policía fue absuelto de culpa y cargo.

APELACIÓN Y FALLO DEL TSJ

El abogado del policía homicida presentó un recurso de casación contra el fallo ante el TSJ.

El letrado Iván Sironi enumeró una serie de discrepancias contra el fallo dispuesto por la Cámara 11ª y expuso distintas críticas, como por caso que no se pudo confirmar que el oficial estuviera borracho al momento del disparo aquella noche.

El letrado intentó que el efectivo, cuanto mucho, fuera condenado por una figura penal menor.

Por otro lado, adujo que el retén estaba bien ubicado, señalizado, que el policía hizo señas para que la moto se detuviera y que el disparo con la pistola no había sido con intención homicida contra el muchacho.

El balazo, por cierto, fue a quemarropa: a 50 centímetros de distancia.

Tres años después del juicio, el TSJ de Córdoba se expidió.

En una resolución que lleva las firmas de las juezas Aída Tarditti y María Marta Cáceres de Bollati y del juez Sebastián López Peña, el máximo tribunal desechó de plano la apelación de la defensa y confirmó en un todo la condena impuesta contra el policía que disparó y mató, la calificación por homicidio agravado por el uso de arma de fuego (sin el calificante de uniformado) y la pena de 12 años.

Los magistrados, tras confirmar que el policía se encontraba alcoholizado, señalan que, ?aunque no hubo una agresión ilegítima de la víctima, sí existió una autopuesta en peligro?, al ratificar el fallo condenatorio.

Concretamente, señalan los jueces, que Franco Amaya (quien iba con su primo atrás) sabía que la moto tenía problemas con sus frenos y que aceleró luego de pasar una lomada y advertir el control policial, y se destacó que el muchacho había consumido drogas momentos antes.

APELACIÓN ANTE LA CORTE

La familia de la víctima, constituida en parte querellante, no está de acuerdo con la condena y planea ir hasta la Corte Suprema.

El letrado Carlos Nayi, quien destacó el trabajo en sede instructoria, expuso su disconformidad con la sentencia y el reciente fallo del TSJ, por lo que planea ir ante la Corte.

El letrado insiste en que se trató de un caso de ?gatillo fácil? y en que el policía debe ser condenado, más allá del calificante de uso de arma de fuego, por haber sido un policía que mató estando precisamente uniformado y en ejercicio de sus funciones.

El letrado se mostró disconforme, además, con que el otro policía hubiera sido absuelto y reclamó que se debió investigar a los por entonces jefes.

La voz del Interior 20-7-21