Con la fuerza de un mandamiento, el art. 18 in fine de la Carta Magna, expresa: ??.Las cárceles de la nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificar mas allá de lo que aquella exija, hará responsable al juez que la autorizo?.  Es que el solemne texto transcripto que forma parte integrante de varios postulados que conforman la ley fundamental, se encuentra lamentablemente divorciado de la realidad  , y en este contexto la mayoría por no decir todas las unidades de encierro en la República Argentina, en nada se asemejan a establecimientos dignos y apropiados para lograr una adecuada recuperación del interno alojado, muy por el contrario, quienes ingresan a una unidad carcelaria, se encuentran por lo general con una escuela de entrenamiento y perfeccionamiento en el arte de delinquir, una inclemente realidad que un pasivo e inmutable estado consiente con su silencio e inacción, una peligrosa pasividad que impide en el día a día rescatar a tiempo a miles de personas que invaden el terreno de la ilegalidad. Basta con efectuar una lectura racional de la realidad carcelaria, para advertir la flagrante violación que a diario se produce del precepto contenido en el art. 5 de la Declaración Universal de los  de los Derechos Humanos, que dispone ? Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes?. Si la idea es trabajar por un cambio superador,  es menester abandonar el emblema de castigo que anuncia la prisión por la prisión misma, un objetivo que es tan dañino  para el interno como para la sociedad toda, que aspira a un criterio unificado en cuanto a políticas de resocialización, apuntando por sobre todas las cosas a la recuperación del hombre en situación de crisis, partiendo de una propuesta educativa, una conveniente atención médica, alineada por cierto a una insustituible asistencia laboral y social entre otras cosas. En definitiva se trata de trabajar para fortalecer entre otras cuestiones la humanización de la pena y la recuperación de quien perdió el rumbo.   Con alarmante frecuencia, la realidad carcelaria nos enfrenta a una tragedia indisimulable, el fracaso de las unidades de encierro donde se alojan internos en muchos casos como desechos tóxicos, objetos en desuso, un sistema perverso que muestra crudamente la desnaturalización  del régimen de encarcelamiento, en el que  no se le brinda al reo el apoyo psicológico por ejemplo con la frecuencia y calidad que cada caso exige, ni se facilita el ingreso al proceso educativo de la manera en que se proclama desde el anuncio retórico ni la inclusión o el abordaje de algún oficio conforme a las necesidades de cada caso, cimientos imprescindibles en el proceso de construcción de un régimen de reinserción social. Lamentablemente el incumplimiento de estas premisas básicas, en nada contribuyen en la difícil tarea de reconstruir el tejido social penetrado por la actividad delictiva, impidiendo consecuentemente la imprescindible reinserción social. El estado tiene una gran deuda en esta problemática  con la sociedad toda, desde la obligación indelegable de arbitrar todos los medios al alcance para salvaguardar a quienes han caído en el infierno de la delincuencia. Un sinnúmero de factores etiológicos y problemas en su mayoría irresueltos, denigran el sistema carcelario, contribuyendo en el agravamiento de la problemática, así pues sólo a modo de ejemplo puede citarse la peligrosa convivencia   entre internos y guardia cárceles que intoxican y desvirtúan el objetivo del sistema carcelario, problemática que se agudiza con mecanismos de control ausentes, y  que conforme nos informa la crónica policial desde hace años, se asocian  desde el pacto de silencio para ingresar droga , alcohol, celulares etc  al lugar de encierro, comercializando estos productos de manera ilegal, generándose un orden de interacción entre líderes , sometidos y complacientes empleados del servicio penitenciario, un peligroso vínculo que atenta no sólo contra la salud del sistema y sus protagonistas activos, sino que genera un peligro para la sociedad entera que recibe a diario en libertad a quien  muchas veces terminó entrenándose en el oficio del delito. El panorama es preocupante, y el horizonte anuncia un futuro sombrío, sin embargo la problemática en manera alguna es irresoluble.  La solución demanda una activa participación de todos los sectores comprometidos con la justicia, en procura de lograr que las cárceles sean sanas, limpias y modernas, donde los reos se encuentren debidamente separados conforme sus edades, grado de peligrosidad, alejando el ocio, evitando  la desvinculación con el grupo familiar y procurando sobre todas las cosas  que el personal encargado de la custodia en sus distintos niveles sea honesto, con preparación y entrenamiento específico. Sólo el sinceramiento nos permitirá advertir en su verdadera dimensión la problemática, evitando encontrar responsables inexistentes en lo que hace a la problemática carcelaria que alberga serios problemas cuyos orígenes  no radican solamente en el crecimiento de la delincuencia, ni en las deficiencias procesales que pueden tal vez accidentar el patrón de marcha del proceso judicial.  Solo así los establecimientos carcelarios dejarán de ser tenebrosas escuelas del delito y las penas privativas de la  libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados. Las cárceles deben dejar de ser espacios donde se potencia la violencia, los abusos y la organización de redes criminales, debiéndose retomar el trabajo para  lograr la reinserción  social de quienes han violado la ley a fin de que no vuelvan a reincidir.