Ni floreos retóricos, veleidades napoleónicas, hipótesis conspirativas, la situación económica, las desigualdades sociales, ni siquiera el argumento de ejercer derechos constitucionales desde la necesidad enarbolar el reclamo de reivindicaciones salariales, alcanzan para admitir y menos aún justificar los gravísimos episodios que sacudieron nuestra provincia los primeros días del mes de Diciembre del pasado año. El acuartelamiento de la Policía de la Provincia de Córdoba,  acarreó como correlato previsible, ?inducido o no- un salvaje comportamiento colectivo matizado en menor medida por actitudes individuales, que generaron un estado de desconcierto y desamparo generalizado. En medio de un espectáculo propio de un coliseo romano, la víctima central en el epicentro de un escenario de zona liberada generalizada, a no dudarlo fue el ciudadano común, con resultados irreparables, dos muertos, decenas de heridos, destrozos generalizados, saqueos planificados y el aroma que deja la secuela de una rapiña delictiva tan impredecible como despiadada, donde la sensación de sentirse librado  cada cual a su propia suerte se convirtió en una Sentencia inapelable, bajo el accionar impiadoso y desenfrenado de grupos de delincuentes en muchos casos organizados y en menor medida saqueadores espontáneos. Nada ni nadie cambiará el resultado, asumiendo que los comportamientos verificados en uno y otro caso , no resultan compatibles con los de un ser civilizado, dejando al descubierto una personalidad grupal impía, que exuda una marcada rebeldía insolidaria, la que por sus características y modalidades, resultó peligrosamente destructiva. No se puede admitir se renueven episodios como los acontecidos, pisando el umbral de una guerra generalizada entre distintos sectores sociales. Ahora bien, en medio del fango, sobrevive la necesidad de Justicia la que se impone con la fuerza de un mandamiento, debiendo quedar en claro de una vez para siempre, que el ejercicio de todo derecho reconoce límites y jamás se puede anteponer un reclamo salarial a la obligación impostergable de brindar un servicio esencial a la sociedad entera, enarbolándose desde sus pretensiones como grupos de presión para doblegar la voluntad del gobernante, abandonando sus funciones, dejando al estado sin capacidad de reacción frente al delito y una comunidad indefensa.

Desde otro costado existe una responsabilidad indelegable e intransferible del estado en torno a los sucesos acontecidos, que penetraron la tranquilidad, la salud, la vida y el patrimonio de quienes habitan esta provincia mediterránea. Las responsabilidades son compartidas y recaen no solo sobre la fuerza policial insurrecta a la ley sino también respecto de los responsables de los Gobiernos Provincial y Nacional por su actitud de abulia y hasta desprecio hacia sus gobernados, lo que debe ser asumido como la peor derrota que pueda imaginarse en un estado de derecho .Córdoba nunca más puede volver  a ser tierra de nadie, mostrando un embrutecimiento social que delata una inadmisible decadencia institucional. Sin embargo no todo es oscuridad al final del camino se vislumbra una esperanza depositada en manos de la Justicia, la que a través de sus Fiscales como acusadores públicos ha demostrado que no se admite el irrespeto a la ley ,ni se toleran conductas irracionales en derecho, camufladas bajo el disfraz del ejercicio de reclamos de raigambre constitucional.

No hay lugar para ambigüedades, el acuartelamiento de la fuerza policial bajo la modalidad escogida resulta abiertamente ilegal, desde que se violó la ley penal y también de desoyó lo previsto en la Constitución Provincial art. 17 3er. Párrafo cuando dice ? Cualquier disposición adoptada por las autoridades en presencia o a requisición de la fuerza armada o reunión sediciosa que se atribuya los derechos del pueblo, es insanablemente nula? . La sociedad entera ha emitido un categórico juicio de condena respecto de estas prácticas bárbaras y extremistas.

Es la Justicia la que en la ejecución de su alta función de preservar el bien común, garantizar la paz social, asegurar los derechos de los ciudadanos y reprimir las conductas ilegales, deberá pronunciarse respecto de la responsabilidad que le cabe a cada cual y que claro está no sólo recae sobre las espaldas de la fuerza policial insurrecta , ni los protagonistas de una rapiña saqueadora sino que deberán rendir cuentas los responsables de comandar los destinas de nuestra provincia y la nación. Hemos sido protagonistas involuntarios de un inmerecido ataque en medio de un escenario apocalíptico, de medidas impopulares, la inacción del gobierno, el desconcierto generalizado y en el marco de esta grave situación ha brillado por su ausencia un estado tanto a nivel provincial como nacional incapaces de garantizar el adecuado funcionamiento de un servicio esencial, cuya prestación fue salvajemente condicionada a la superación de un conflicto salarial que contiene un sinnúmero de pretensiones.

Debe entenderse que donde hay una necesidad, existe un derecho y si el estado está ausente, es la sociedad entera la que termina soportando las consecuencias dañosas que cada vez con más frecuencia terminan siendo irreparables. Se debe aspirar a un auténtico y real estado de derecho donde la estructura legal brinde un marco jurídico a las acciones de sus integrantes. La hora de la Justicia ha llegado en aras de preservar el bien común y asegurar la vigencia de un real y no virtual mundo civilizado.-