El Ministerio Público forma parte del Poder Judicial. Eso significa que goza de independencia tanto orgánica como funcional. Desde esa óptica, la urgencia en la designación del nuevo jefe de fiscales constituye una prioridad.

La máxima autoridad del Ministerio Público, el fiscal General de la Provincia de Córdoba, cuya función es tutelar el interés público y el derecho de los ciudadanos en procura de la correcta aplicación de la ley, encuentra su trono peligrosamente acéfalo.

En efecto, luego de que el último titular dejara su cargo el 24 de febrero de 2012 por vencimiento del mandato constitucional, han transcurrido 18 meses sin que ese estratégico lugar en la lucha contra el delito haya sido cubierto. Es como si se ignorara que su titular debe ocupar un lugar preponderante, con funciones indelegables en la investigación del crimen, tarea que no admite tregua ni dilación alguna. Parte de su trabajo, por ejemplo, consiste en reordenar y optimizar las tareas de la Policía Judicial.

Esta realidad demanda la decisión impostergable de un nombramiento. El artículo 171 de la Constitución Provincial dispone: ?El Ministerio Público está a cargo de un fiscal General y de los fiscales que de él dependan según lo establece la ley orgánica respectiva. Ejerce sus funciones con arreglo a los principios de legalidad, imparcialidad, unidad de actuación y dependencia jerárquica en todo el territorio de la provincia, fijando las políticas de persecución penal e instruyendo a los fiscales inferiores sobre el cumplimiento de sus funciones, conforme al párrafo anterior de acuerdo a las leyes?.

Sus funciones de alta responsabilidad y marcada trascendencia ocupan un lugar central en la preparación y promoción de la acción judicial en aras de preservar y custodiar el interés público y los derechos de los ciudadanos. Es custodio de la jurisdicción y la competencia de los tribunales provinciales y vela por la regular prestación del vital servicio de justicia.

Si bien existen fiscales adjuntos, con funciones en los ámbitos electoral, civil y penal, quienes se encuentran habilitados para desarrollar las tareas asignadas a la cabeza del Ministerio Público hasta tanto exista un reemplazante en la delicada función de jefe máximo, en términos reales la actividad cotidiana de aquellos se encuentra seriamente comprometida por un cúmulo de trabajo abrumador, en medio de un colapso generalizado de causas de variada complejidad que llegan a la Justicia penal y que exceden la capacidad humana y técnica imaginables.

La prueba más palpable del desconcierto generalizado se ha vivido meses atrás en la provincia de Córdoba, cuando graves dificultades atravesaron de lleno las entrañas de la Policía Judicial, desnudando una inclemente realidad que se asemejó a un espectáculo propio del Coliseo romano, todo lo cual dejó sin poder de reacción a los fiscales adjuntos.

En ese escenario, el jefe de Gabinete provincial debió reunirse con los vocales del máximo tribunal de corte local en procura de solucionar gravísimos problemas operativos que evidenciaron un estado de postración inaceptable en un organismo estratégico en la lucha contra el delito como brazo largo de la Justicia.

Se concibió como plan de último momento la idea de generar un protocolo de procedimientos en caso de verificarse un accidente o delito, para evitar, entre otras cosas, el vergonzoso panorama que genera un cadáver en plena vía pública por espacio de varias horas, sin que las autoridades responsables actuaran conforme a derecho.

Necesidad primaria

Jamás debe olvidarse que una de las funciones que inspira el principio de división de poderes es una adecuada administración de justicia, por lo que es necesario que el mecanismo correspondiente al ejercicio del control de constitucionalidad trabaje en términos y tiempos reales, dejando de ser una simple expresión dogmática.

Debe entenderse como una necesidad primaria combatir la delincuencia. Y en esta tarea ocupa un lugar estratégico la Policía Judicial, comandada precisamente por la Fiscalía General, que hoy está reclamando un líder que diseñe un plan de trabajo claro y preciso en función de las demandas de la sociedad, asediada por el flagelo de la inseguridad.

El Ministerio Público forma parte del Poder Judicial. Eso significa que goza de independencia tanto orgánica como funcional. Desde esa óptica, la urgencia en la designación del nuevo jefe de fiscales constituye una prioridad.

La sociedad entera necesita un nuevo líder y a este le demanda libertad en el ejercicio de su función, la cual no debe ser limitada por ninguna autoridad exterior, sino que debe depender sólo de sí mismo, con una consigna innegociable: cumplir y hacer cumplir la ley.

Todo ciudadano tiene el derecho a disfrutar de la plenitud de esas facultades y cada uno de nosotros merece la prudencia, la serenidad, la cultura, la rectitud, pero por sobre todas las cosas la independencia en la acción por parte del funcionario actuante.

Los derechos de los ciudadanos sólo encuentran garantías y protección real y no virtual en un Poder Judicial independiente, sin el cual no existe posibilidad alguna de concebir la idea de Estado de derecho, república o democracia.