Los derechos de cada habitante de este país sólo encuentran garantías y protección en una Justicia independiente, sin la cual no existe posibilidad alguna de concebir la idea de derecho, república o democracia. Carlos Nayi.

De una vez para siempre, debe entenderse que sin un Poder Judicial independiente se pulveriza toda posibilidad de concebir una república.

Una de las funciones que inspira el principio de división de poderes es una adecuada administración de justicia, en la que el ejercicio del control de constitucionalidad trabaje en tiempos y modos reales, y deje de ser una expresión dogmática.

Sin duda alguna, el proceso de reforma de la Justicia iniciado por el Gobierno nacional se desnuda como una excusa e importa un retroceso significativo, que lejos está de construir un Poder Judicial independiente del Ejecutivo y del Legislativo.

Basta con hacer un superficial análisis de algunos de los proyectos ?por ejemplo, la reforma al Consejo de la Magistratura y la limitación de las medidas cautelares? para comprender que emergen como una flagrante violación a los principios más caros de la eficacia de los procesos judiciales, lo cual atenta contra el poder de imperio de los magistrados otorgado por la Constitución.

No se puede construir un proyecto sobre la base del agravio y la mentira. Si tan sólo se tiene en cuenta que el objetivo central de la reforma, entre otras cosas, es regular las cautelares contra decisiones del Estado o de sus entes descentralizados, como la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses); que además no se podrán admitir estas medidas contra decisiones del Estado de contenido patrimonial, y que en el mejor de los casos, una vez decretadas, bastará con que el Ejecutivo ensaye la vía recursiva para que la cautelar se derrumbe, está claro que se intenta dominar de modo descarado el ejercicio soberano de la función jurisdiccional, dejando al ciudadano común en estado de peligrosa vulnerabilidad e indefensión frente a la actividad arbitraria de un Estado que se volverá peligrosa e inevitablemente omnipotente.

Al ser decretadas, las medidas cautelares persiguen como objetivo evitar que se torne ilusorio el reconocimiento de un derecho, cuyo resguardo se pide a la jurisdicción que se ejerza a fin de evitar un gravamen irreparable.

Otro de los puntos de la reforma guarda vinculación con los cambios en el Consejo de la Magistratura, el órgano que designa y remueve a los jueces y demás magistrados de la Justicia ordinaria de la Capital Federal y Justicia Federal en todo el país.

Al ser elegidos sus integrantes a través del voto popular, la partidización de la Justicia será inevitable, escenario en el que resultará mucho más fácil dominar al Consejo, lesionando la tranquilidad espiritual que cada magistrado debe tener al tiempo de ejercer su función.

La presidenta Cristina Fernández quizás olvide que fue el mismo kirchnerismo el que impuso la reducción de los miembros del Consejo de 20 a 13, a través de la ley 26.080.

Actitud responsable. Se le demanda una actitud de grandeza para escuchar el grito de protesta que desde el llano efectúa cada habitante de esta nación. Una actitud responsable de quien rige las máximas responsabilidades de este país, en la necesidad de que se entienda que la confianza pública está reclamando un Poder Judicial eficaz, por el que poderosos y débiles, funcionarios y exfuncionarios sean juzgados con las mismas herramientas procesales.

Asumir una conducta contraria importa alimentar una sensación de descreimiento generalizado en torno del correcto funcionamiento del aparato judicial.

Es necesario, claro está, mejorar el funcionamiento y perfil de la Justicia argentina, para entregarle una mejor calidad de vida al ciudadano, pero esta necesidad está alejada de los objetivos rectores de la actual reforma, que terminará fundando una Justicia raquítica con el poderoso y fuerte e impiadosa con el ciudadano desconocido.

Al adoptarse la forma republicana de gobierno, la Constitución Nacional le ha asignado al Poder Judicial el carácter de poder estatal independiente.

Los derechos de cada habitante de este país sólo encuentran garantías y protección en una Justicia independiente, sin la cual no existe posibilidad alguna de concebir la idea de derecho, república o democracia.

En su obra La educación, Elena de White dijo: ?La mayor necesidad de este mundo es de hombres que no se vendan ni se compren. Hombres honestos y sinceros en lo más íntimo de sus almas. Hombres que no teman darle al delito el nombre que le corresponde. Hombres cuya conciencia sea al deber como la brújula al Polo. Hombres que se mantengan del lado de la justicia aunque se derrumben los cielos?