A un año del recorte jubilatorio Ley 10078

A un año del recorte jubilatorio, la Provincia se financió con $ 765 millones

 La cifra corresponde a 12 meses desde la puesta en marcha de la Ley 10.078, de acuerdo a estimaciones en función de datos oficiales. En breve saldrían los fallos por los amparos presentados por decenas de jubilados que vieron disminuidos sus ingresos.

 Mañana  se cumplirá un año de la aprobación de la Ley Nº 10.078, la cual fue sacada sobre tablas con el solitario voto del bloque de Unión por Córdoba. La normativa, que difiere por 180 días la entrada en vigencia de los ajustes a los pasivos en función de los incrementos que reciben los activos, generó la presentación acciones judiciales que aún no tuvieron pronunciamiento sobre el fondod e la cuestión.

De acuerdo a las estimaciones realizadas por este diario, desde la puesta en marcha del ajuste la Provincia se financió con unos $ 765 millones. El dato surge de analizar los guarismos informados por la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba. “En 2012 la aplicación del nuevo dispositivo implicó una reducción en el gasto del orden de los $ 240 millones; esto implica una disminución del 15% en el déficit. En un contexto de incumplimiento del gobierno nacional la caída del gasto es equivalente a la reducción de las transferencias desde el Tesoro provincial”, se desprende del informe anual.

Para este año, “se proyecta un impacto más importante ya que se programa aplicar la ley durante todo el año, a diferencia del 2012 que comenzó a operar en el segundo semestre. En un escenario de pauta salarial similar a la del 2012, se espera una reducción del gasto del orden de los $ 900 millones. Esto implica reducir a la mitad el déficit a cargo de la Provincia”, proyectaron desde la Caja.

 240 millones es lo que la Provincia ahorró el año pasado por el diferimiento de seis meses en el pago de los haberes jubilatorios.

 Es decir, que la administración provincial se ahorra unos $ 75 millones mensuales; que en siete meses contabiliza unos $ 525 millones. 

El gobierno de José Manuel de la Sota presentó el ajuste como un «Programa de Fortalecimiento del Sistema Previsional». Según la Caja, y sin atender las razones estructurales del déficit previsional en Córdoba, la ley es “un paliativo” ante el supuesto incumplimiento de la Nación del acuerdo con la Provincia para cubrir el rojo. Este acuerdo, a su vez, estaba  atado a que el Gobierno avanzara en la armonización del sistema jubilatorio local con el nacional, algo que la administración delasotista no hizo. “la Ley 10.078 genera las condiciones financieras como para seguir pagando las jubilaciones y pensiones en tiempo y forma”, dicen en la Caja.

 Resolución inminente

 900 millones proyecta la administración delasotista reducir el gasto. Equivale a achicar a la mitad el déficit a cargo de la Provincia.

 “Estamos aguardando la resolución. Hay un dictamen favorable de la fiscal Alicia Solavagione que hace lugar a la acción de amparo y condena a la Provincia a abonar el dinero no pagado a Mabel Guillot, docente jubilada de 86 años”, explicó a LA MAÑANA el abogado Carlos Nayi, quien es el representante legal de 35 pasivos. También agregó que el amparo presentado por Arturo Florencio Ledesma, un jubilado municipal, salió en el mismo sentido que el mencionado anteriormente.

“En cuestión de días se conocerá la primera sentencia sobre el fondo de la cuestión”, dijo Nayi. En el mismo sentido, se expidieron fuentes tribunalicias consultadas por este medio, las cuales adelantaron que “las presentaciones están a fallo”.

El proceso se demoró a raíz de que la administración provincial resistió la orden judicial de presentar la documentación exigida, al punto que el juez impuso una sanción pecuniaria, estimada en unos $ 7.000 a la Provincia, por incumplir reiteradamente con información sobre el último cargo que ocupó Guillot y el haber percibido.

“Luego de la condena y de ser denunciado penalmente, la Caja brindó la información solicitada”, comentó el abogado.