Suicidio u homicidio como posturas políticas

El país de las dicotomías se sumergió en las últimas siete semanas en una divisoria de aguas fatal: suicidio u homicidio.

Aunque la presidenta Cristina Fernández en los albores del caso Nisman hizo pública su certeza de que al fiscal de la causa Amia lo habían matado, luego el Gobierno pareció encolumnarse tras los pasos de la fiscal Viviana Fein, y el expediente que ella instruye se va arrimando a la hipótesis del suicidio, aunque mantenga la carátula de muerte dudosa.

En paralelo, el Gobierno se dio a la tarea pública de aniquilar lo que queda de Nisman: su investigación sobre el atentado a la Amia y su denuncia de encubrimiento a la Presidenta.

Con ese objetivo letal, el kirchnerismo cuestiona desde los vínculos del fiscal con los servicios de inteligencia oficiales y la Embajada de Estados Unidos hasta aspectos de bajísima calaña, escasa credibilidad y nula trascendencia sobre los rasgos más íntimos de su personalidad: su sexualidad, sus amistades y hasta falsos datos de ingesta descontrolada de alcohol a la hora de su muerte.

Una solicitada publicada en español y en inglés por el Gobierno redondeó la semana pasada la larga lista de agravios al fiscal en la figura del ?desestabilizador?.

Del otro lado está la familia de Nisman, con su exmujer, la jueza Sandra Arroyo Salgado, a la cabeza, y con la absoluta certeza de que a Nisman lo mataron. Gran parte de la oposición se encolumnó detrás de esas pericias de parte como si se tratara de una sentencia.

Detrás de todos ellos, el país quedó atravesado por una nueva divisoria de aguas: suicidio/homicidio, como si se tratara de categorías políticas.

En Córdoba, esas categorías irrumpieron mucho tiempo antes: fue en la madrugada del 7 de septiembre de 2013, cuando apareció muerto el oficial de la división Antidrogas Juan Alós.

Las similitudes entre ambos casos son muchas: un disparo en la cabeza y un arma. Una familia que denuncia homicidio y un Gobierno ?el de José Manuel de la Sota en Córdoba? que procura demostrar que se trató de un suicidio. Idénticas versiones de alteración de la escena del hecho. Similares dudas sobre la actuación de las fuerzas de seguridad y la instrucción de la causa. Coincidentes sospechas sobre la actuación de agentes de inteligencia ?allá Stiuso, acá Viarnes? en el entramado de los hechos que derivaron en esas muertes.

A un año y medio del fallecimiento de Alós, hay una causa cerrada como suicidio; un fiscal provincial ?Emilio Drazile? que será investigado por su actuación en esa causa, y otro fiscal federal?Enrique Senestrari? que sospecha que se intentó ocultar un homicidio.

Igual que en el caso Nisman, el juicio ciudadano sobre la muerte de Alós en Córdoba está regido por criterios estrictamente políticos: avalan la tesis del homicidio quienes consideran que el poder es capaz de matar o de ocultar un crimen para tapar otros hechos: el denominado narcoescándalo en Córdoba, o el supuesto intento de encubrir a Irán en la Nación.

Lo que quedó, acá como allá, es una muerte y la desconfianza en alza de la parte de la ciudadanía que cree que el poder puede disfrazar homicidios de suicidios. Y otra sospecha mucho más abarcativa: que la Justicia difícilmente logrará distinguir entre ambas categorías. Queda, además, una paradoja: muchos de quienes acá ven un homicidio, allá ven un suicidio. Y viceversa.