En el banquillo de los acusados de la Cámara Sexta está sentando el comisario retirado Pablo Márquez, acusado de haber propiciado detenciones arbitrarias para ?inflar? las estadísticas de productividad del Comando de Acción Preventiva (CAP) 8.
En la primera audiencia, el comisario retirado negó haber ordenado detenciones ilegales, y reconoció haber arengado a sus subalternos para salir a trabajar para cumplir con la demanda de la sociedad. "Mi labor era que la sociedad estuviera conforme", señaló.
Sí reconoció, en cambio, los cuadros de reconocimientos y aseguró que eran formas de "incentivo" para los uniformados. A pedido del abogado Carlos Nayi, se incorporó una entrevista del periodista Waldo Cebrero a Márquez paraCosecha Roja, y el comisario retirado ratifica que "de Jefatura para abajo" le soltaron la mano.
A Márquez lo denunciaron agentes que trabajaban en el CAP 8 cuando él era el jefe, y la primera presentación data de 2011. Denunciaron que la orden del comisario era que cada guardia llevara detenidas por lo menos a tres personas, y para ello debían recurrir a las más polémicas figuras del Código de Faltas: merodeo y escándalo en vía pública.
Marcelo Hidalgo es el fiscal que tiene a su cargo la acusación, y el abogado Carlos Nayi representa a los querellantes. Según dijo Nayi, ?miles de personas fueron privadas ilegalmente de su libertad? por las órdenes que Márquez bajaba a los agentes del comando, a quienes luego destacaba con cuadros con fotos.
El juicio, con jurados populares por tratarse de un funcionario público, se desarrolla desde este martes en la Cámara Sexta del Crimen de la ciudad de Córdoba.
Dia a Dia 13-10-15
Cámara Sexta del Crimen con jurados populares comenzará a juzgar mañana martes al comisario Pablo Márquez de la policía de Córdoba, imputado por presuntos delitos de "abuso de autoridad reiterado y coacción", por ordenar a sus subalternos que realicen detenciones arbitrarias para mejorar las estadísticas.
El proceso contra Márquez se inició a partir de las denuncias realizadas por la oficial subinspectora Natalia Zárate y el sargento ayudante Jesús Calvo, en mayo de 2012, quienes señalaron que el comisario los obligaba a practicar detenciones ilegales, con la finalidad de engrosar las estadísticas que demuestren la "efectividad" de la fuerza de seguridad provincial.
Para esto, el funcionario, que estaba al frente del Comando de Acción Preventiva (CAP), distrito 8 de barrio Panamericano de la ciudad de Córdoba, utilizaba como excusa el Código de Faltas, mediante la aplicación de la figura del "merodeo" o el "escándalo en la vía pública".
Según el abogado patrocinante de los agentes que realizaron la denuncia, Carlos Nayi, Márquez ?ordenaba la detención de personas en la vía pública, hubieran cometido o no delito alguno?.
Indicó que el objetivo del funcionario policial era "elevar las estadísticas y demostrar eficiencia policial".
Nayi destacó que Márquez impuso un sistema de "premios y castigos" para los policías bajo sus órdenes. Las fotos de quienes lograban las "metas" eran colgadas en la sede del CAP, como si se tratara del empleado del mes y quienes incumplían con el cupo de detenidos eran recargados en sus servicios, tareas por las que no recibían paga extra".
"Si no había hechos (delitos), se les daba a los uniformados la orden de salir a buscar a personas humildes, indefensas y jóvenes; poniendo toda la infraestructura en generar procedimientos falsos", remarcó Nayi.
La Mañana de Córdona 13-10-15
El 13 comienza el juicio al comisario del Código
El róximo martes comenzará a ser juzgado un jefe policial acusado de exigir detenciones arbitrarias a sus subordinados, en medio de una presunta ?competencia? entre jurisdicciones de la fuerza por la cantidad de ?aprehensiones?.
Aunque no abiertamente, en el fondo, durante el debate se ventilará sobre la aplicación de polémico Código de Faltas en el marco de las políticas de seguridad del Gobierno delasotista.
El caso, que tendrá en el banquillo al excomisario Pablo Márquez, se desarrollará en un juicio con jurados populares en la Cámara Sexta del Crimen, cuyo tribunal será presidido por el doctor Julio Guerrero Marín. El acusador será el fiscal de Instrucción, Marcelo Hidalgo, luego de que la fiscal original María Inés Ferreyra tomara licencia por cuestiones de salud.
En representación de los dos uniformados que denunciaron a su superior, en 2012, estará como querellante el abogado Carlos Nayi. En tanto, que Héctor Luna defenderá al exjefe policial del Distrito 8.
Márquez está acusado de los supuestos delitos de ?abuso de autoridad agravada? (con prisión de un mes a dos años), y ?coacción reiterada? (con penas de 2 a 4 años).
El caso llegará a debate luego de que fuera elevado a juicio a mediados de 2013, y ratificado por la Cámara de Acusación a principios de este año.
Ranking de detenciones
Según la instrucción, realizada por el fiscal Pablo Molina, el excomisario Márquez ordenaba la detención de personas en la vía pública, hubieran cometido o no delito alguno.
El exjefe policial obligaba a sus subalternos a practicar detenciones ilegales y aprehensiones arbitrarias con el objetivo de elevar las estadísticas y demostrar eficiencia policial.
En ese sentido, existía un ranking de qué patrulla o equipo obtenía mayores detenciones, y así se disponía un régimen de premios y castigos. Al mejor estilo McDonald, en el área común de la dependencia policial, se exponía la foto del personal destacado del mes por sus ?logros?.
Las denuncias -que no tienen antecendentes- fueron impulsadas por la oficial subinspectora Natalia Zárate y el sargento ayudante Jesús Calvo, bajo el asesoramiento de Nayi, cansados de sufrir castigos ante la falta de ?producción? positiva. El castigo más común era la recarga horaria los fines de semana o los días feriados.
El juicio a Márquez se ventilará en un año de duros cuestionamientos a la aplicación del Código, las ?razzias? policiales y como antesala de una nueva edición de la ?Marcha de la Gorra? a mediados de noviembre próximo.
La Mañana de Cordoba 9-10-15
El martes 13 de octubre inicia en la Cámara Sexta del Crimen el juicio contra elcomisario Pablo Márquez, denunciado por exigir a sus subalternos que realicen arrestos. El hombre está imputado por los delitos de abuso de autoridad y coacción reiterada.
Según el abogado patrocinante Carlos Nayi, Márquez ?ordenaba la detención de personas en la vía pública, hubieran cometido o no delito alguno?: ?Márquez obligaba a sus subalternos a practicar detenciones ilegales y aprehensiones arbitrarias con el objetivo de elevar las estadísticas y demostrar eficiencia policial. Incluso existía un ranking de qué patrulla o equipo obtenía mayores detenciones, y así se disponía un régimen de premios y castigos.?, dijo.
La causa se inició por la denuncia de dos subordinados de Márquez, la oficial subinspector Natalia Zarate y el sargento ayudante Jesús Calvo, bajo el asesoramiento
La mañana de Córdoba 8-10-15
El comisario (retirado) Pablo Márquez se sentará en el banquillo de los acusados el próximo 13 de octubre. Delante de él estarán los jueces de la Cámara 6ta. del Crimen y los legos que integrarán el jurado popular. Ante ellos, Márquez deberá responder por una grave imputación: ser el presunto autor material de miles de detenciones ilegales con el único propósito de aumentar las estadísticas policiales.
Quedó acreditado en el expediente que la modalidad que imponía Márquez a sus subordinados era conocida y consentida por la superioridad, llegando hasta el por entonces jefe de la Policía, Alejo Paredes", señaló a Día a Día Carlos Nayi, el abogado que representa a los dos querellantes: el sargento ayudante Julio César Calvo y la subinspectora Natalia Zárate. El primer denunciante, Fernando Soler, no es querellante, aunque su testimonio judial, en marzo de 2011, abrió el dique y derivó en las otras dos denuncias.
Las denuncias fueron conocidas al año siguiente, en 2012.
Márquez conducía en aquellos años el CAP 8, "una brigada de terror en la que él organizaba cotos de caza: si no había hechos, ordenaba a sus subordinados a detener a jóvenes, pobres, inocentes", sostuvo Nayi. Un cálculo del abogado indica que más de 1.600 inocentes fueron fichados por la Policía con el único propósito de "hacer número".
Para esta estrategia, los policías se habrían respaldado en dos artículos del Código de Faltas: merodeo y escándalo en la vía pública. Las causas se "prefabricaban", enfocándose en jóvenes entre los 18 y 25 años que eran controlados en la vía pública y llevados hasta la UCA, la Unidad de Contención del Aprehendido.
De acuerdo con la acusación, Márquez impuso un sistema de premios y castigos para los policías bajo sus órdenes. Las fotos de quienes lograban las "metas" eran colgadas en la sede del CAP, como si se tratara del empleado del mes. Quienes incumplían con el cupo de detenidos eran recardados en sus servicios, tareas por las que no recibían paga extra.
"Si no había hechos (delitos), se les daba a los uniformados la orden de salir a buscar a personas humildes, indefensas y jovenes; poniendo toda la infraestructura en generar procedimientos falsos", remarcó Nayi.
Día a día 1-10-15
Mientras en la Policía de Córdoba lo mantenían a flote, el hombre, quizá por el vetusto código del silencio, no decía nada. Sin embargo, bastó que el jefe de la fuerza, Julio Suárez, le soltara la mano y lo mandara a retiro meses atrás (lo echara) para que el comisario Pablo Márquez decidiera romper el silencio y comenzara de forma incipiente, como se dice vulgarmente, ?a revolear la media?.
Márquez está acusado de haber ordenado a policías que trabajan bajo su mando, en el CAP VIII, detener a jóvenes de manera indiscriminada en las calles, bajo la figura de merodeo o negativa a identificarse ?infracciones del controvertido Código de Faltas de Córdoba? con la presunta intención de inflar estadísticas y así demostrar ante sus superiores lo bien que hacía su trabajo en pos de la seguridad.
Y, como si el CAP que comandaba fuera un McDonalds, según la causa judicial, el comisario Márquez colocaba en la comisaría las fotos de los uniformados que hacían ?bien su trabajo?, como si fueran ?el empleado del mes?, al tiempo que supuestamente recargaba con horas de trabajo a aquellos que no traían suficientes detenidos.
Bastó que un grupo de efectivos venciera el temor de represalias cuasi mafiosas, y denunciara a su jefe, para que se iniciara una investigación judicial que avanzó, y mucho.
Hoy, Márquez espera un juicio por supuesto abuso de autoridad y coacción, delitos que, de comprobarse, lo enviarán a la cárcel.
Coacción significa amenazas: el mismo delito que se le endilga a Julio Suárez por haber ?apretado? presuntamente a un periodista.
En una nota concedida al portal Cosecha Roja, el ahora excomisario Márquez, a la par que insiste en que es inocente, dijo que él no debería ser juzgado, sino sus exsuperiores y la actual conducción policial.
?Ellos sabían cómo fue todo y hubo una estrategia de arriba para que esto no salpique a nadie más, para que el único damnificado sea yo?, señaló ?el Negro? Márquez, quien añadió que en la Policía ?le soltaron la mano?.
De forma no tan velada, dio a entender que la política de detener inocentes por portación de cara fue ejecutada por varios CAP en la Capital.
Los hechos que se le endilgan habrían sucedido en 2011, cuando los jefes policiales fueron Alejo Paredes y luego Sergio Comugnaro. Nadie salió, por ahora, a responderle.
De todas formas, Márquez dio a entender que la política de apresar personas para inflar estadísticas oficiales continuó y prosigue hoy en la Policía con otros comisarios de alto rango.
?Las razias realizadas días atrás son lo que a mí la Justicia me endilga?, disparó Márquez días antes de que esos operativos callejeros, calificados prácticamente como ilegales por la Justicia, y la ola de inseguridad derivaran en una gran purga en el Estado Mayor policial.
Más allá de que Márquez mienta o exagere, es sabido que la Policía y el Ministerio de Seguridad se mueven con lógica empresarial: se premia a quienes hacen bien las cosas y se castiga a aquellos que no cumplen con los objetivos trazados, mientras se destinan millones y millones a pautas publicitarias para vender un producto, en este caso la seguridad.
Sin embargo, una cosa es cumplir con un objetivo y otra muy distinta es disfrazar ?eficiencia? con detenciones ilegales, inflando números y ocultando las cifras del delito.
¿Márquez ?inocente hasta que se demuestre lo contrario? era un simple fanático de su trabajo, que quiso ser eficiente a cualquier costo, o fue presionado para ir más allá? ¿Ese cualquier costo implicaba violar la ley? ¿Sus pares o superiores, acaso, no lo sabían? ¿Las autoridades políticas tampoco? ¿Hubo complicidad?
Mientras se espera que en el juicio oral se sepa la verdad y que el hilo no se corte por lo más fino, otra vez el vetusto y sombrío Código de Faltas, usado a todas luces para detener a la clase humilde con fin de dejar tranquila a la clase media y a la alta, vuelve a quedar en la escena.
Mientras las detenciones por contravenciones no sean controladas por la Justicia, los jefes policiales y políticos seguirán haciendo lo que quieran. Como empleados ?del mes.
La Voz del Interior 4-6-15
Cámara 6ª del Crimen de Córdoba será la encargada de llevar adelante el juicio a un comisario acusado de obligar a policías a llevar adelante detenciones ilegales, para mejorar las estadísticas de su dependencia.
El acusado es el comisario Pablo Márquez, quien está imputado de coacción y abuso de autoridad reiterado, según la instrucción.
Márquez, suspuestamente, obligaba a sus subalternos a detener compulsivamente a personas usando las figuras de "merodeo" y "escándalo en la vía pública" del Código de Faltas.
El comisario fue denunciado por sus propios subalternos, quienes aseguraron que Márquez los castigaba con horas extra de servicio.
El querellante es el abogado Carlos Nayi, quien representa a los policías Nataliza Zárate y Jesús Calvo.
El juicio se llevará a cabo con jurados populares.
La Voz del Interior 27-5-15
La Cámara de Acusación ratificó la elevación a juicio del comisario Pablo Márquez, luego que el tribunal rechazara un recurso planteado por la defensa.
El caso había sido elevado a juicio, en diciembre de 2013, luego de la instrucción del fiscal Pablo Molina, que consideró que el jefe policial debía responder por los supuestos delitos de abuso de autoridad reiterado y coacción en concurso real.
La causa se inició por la denuncia de dos subordinados de Márquez, la oficial subinspector Natalia Zarate y el sargento ayudante Jesús Calvo, bajo el asesoramiento del abogado Carlos Nayi.
De acuerdo a lo denunciado, el jefe policial obligaba a sus subalternos a practicar detenciones ilegales y aprehensiones arbitrarias con el objetivo de elevar las estadísticas y demostrar eficiencia policial. Incluso existía un ranking de qué patrulla o equipo obtenía mayores detenciones, y así se disponía un régimen de premios y castigos.
Hasta hace semanas Márquez seguía en plenas funciones como secretario de la Dirección General de la Departamental Sur de la Policía.
La Mañana de Córdoba 17-4-15
La Cámara de Acusación rechazó un recurso planteado por la defensa del comisario Pablo Marquez, y confirmaron la elevación a juicio del uniformado, acusado de abuso de autoridad reiterado y coacción.
Según la denuncia de la oficial subinspectora Natalia Zárate y el sargento ayudante Jesús Calvo, Márquez habría ordenado detenciones arbitrarias para mejorar las estadísticas policiales y demostrar eficiencia, recurriendo a figuras del Código de Faltas como el merodeo o el escándalo en la vía pública.
?Existía un regimen de premios y castigos impuesto por este comisario, que se ocupaba ?según la acusación? de ordenar detener a cordobeses inocentes?, explicó el abogado que representa a los denunciantes, Carlos Nayi. ?Al que mayor detenciones efectuaba, se lo premiaba como el empleado del mes, con una fotografía en la dependencia al estilo Mc Donalds, y al que no cumplía con la orden ilegal se lo recargaba ilegalmente con horas de servicio sin retribución alguna y se lo hostigaba permanente?, agregó.
Las denuncias contra Márquez se conocieron en mayo de 2012, cuando era titular del Comando de Acción Preventiva (CAP) del Distrito Ocho de barrio Panamericano.
Dia a Dia 17-4-15
Un comisario cordobés acusado de ordenar a sus subordinados detenciones arbitrarias para mejorar estadísticas deberá enfrentar un juicio. La Cámara de Acusación resolvió rechazar el recurso planteado por la defensa del comisario Pablo Márquez, ratificando la elevación a juicio de la causa.
Como querellantes de la causa participan la oficial subinspectora Natalia Zárate y el sargento ayudante Jesús Calvo, bajo la asistencia del doctor Carlos Nayi. El letrado consideró a La Voz como "histórica" esta elevación a juicio a tenor de lo que se investiga.
Recordó que Márquez está imputado por abuso de autoridad reiterado y coacción, en una causa que instruyó Pablo Molina, fiscal del Distrito IV, Turno V de la ciudad de Córdoba.
Márquez había sido denunciado en tres ocasiones por subordinados, quienes aseguraron que el comisario los obligaba a realizar detenciones hubiera o no hubiera contravenciones. Para ello se utilizaban figuras del Código de Faltas, como el merodeo o el escándalo en la vía pública. Los agentes, en actividad hicieron las denuncias en distintas fechas.
El fiscal ya había pedido dos veces la elevación a juicio pero el juez Carlos Lezcano había remitido la causa a Molina para profundizar la investigación.
Nayi recordó que si los agentes no realizaban un número mínimo de detenciones, eran sancionados. "Había un régimen de premios y castigos", dijo. A quien realizaba más detenciones, se lo premiaba como ?empleado del mes? y se subía su foto en un cuadro colgado en la dependencia policial.
Las denuncias contra Márquez se conocieron en mayo de 2012, cuando era titular del Comando de Acción Preventiva (CAP) del Distrito Ocho de barrio Panamericano.
La elevación a juicio no tiene precedentes porque las denuncias provienen de agentes de la misma fuerza. Y toma relevancia en el marco de las críticas que desde hace años se hacen al Código de Faltas y al uso arbitrario que la Policía hace de él.
La Voz del Interior 17-4-15
Los comisarios Pablo Alejandro Márquez y Ariel Ávila, quienes cuentan con delicadas causas en la Justicia provincial y federal, respectivamente, fueron pasados a retiro obligatorio por decisión de la Junta de Promoción de Ascensos y Retiros de la Policía de Córdoba, y con la firma final del gobernador José Manuel de la Sota.
Márquez espera ser juzgado por un tribunal provincial por supuesto abuso de autoridad. Puntualmente, está acusado de haber mandado y obligado supuestamente a subordinados de un Comando de Acción Preventiva (CAP) a detener inocentes en la calle para llenar planillas y mostrar buen desempeño ante sus superiores, en la ciudad de Córdoba.
Ávila, en tanto, es investigado por la Justicia federal por haber supuestamente falsificado exhortos judiciales para obtener sábanas telefónicas y luego presuntamente comercializarlas a terceros (como investigadores privados) sin que mediaren investigaciones judiciales de por medio.
Ávila, hasta no hace mucho, estaba al mando de la División de Delitos Complejos, un área clave dentro de la Policía provincial.
Pasados a retiro
Márquez y Ávila (inocentes hasta que la Justicia demuestre lo contrario, por cierto) integran la nómina de 39 comisarios (nueve de ellos mayores) que fueron pasados a retiro forzoso en las últimas horas. Muchos de ellos fueron jubilados por haber cumplido más de 20 años de servicio, otros por ser "ineptos" (según dice la ley 9.728 del personal policial), otros por cuestiones personales, otros por faltas administrativas y otros por tener cuentas pendientes con la Justicia.
Ávila viene siendo investigado desde 2009 por la fiscal federal Graciela López de Filoñuk. Luego de haber estado licenciado, fue ascendido en rango y cargo. En 2014, luego de que la Cámara Federal de Apelaciones confirmara el procesamiento contra el comisario mayor, el jefe de Policía, Julio Suárez, decidió ponerlo en pasiva. Hoy, está jubilado.
El comisario Márquez espera un juicio como supuesto autor de los delitos de coacción y abuso de autoridad. El fiscal Pablo Molina lo acusó de ordenar detenciones arbitrarias para mejorar estadísticas de un CAP que tenía a su cargo. Hasta 2014, luego de haber estado dos años en pasiva, se desempeñaba en la Dirección de Departamentales Sur de la Policía de Córdoba.
Márquez fue denunciado por una oficial, quien denunció que el comisario solía "premiar" a los policías que detenían más personas en la calle y exponía sus fotos en la base del CAP como los empleados del mes de una empresa de comidas rápidas.
Otros que se van
Por otra parte, también fueron pasados a retiro los comisarios mayores: Héctor Rubén Contrera, Oscar Benjamín García, Sara Gladys Gómez, Antonio Gerónimo Heredia, Jorge Luis Huss, Julio Humberto Aranda, Oscar Enrique Castillo y José Héctor Novillo. La nómina de retiros obligatorios también abarca a los siguientes comisarios inspectores: Daniela Alejandra Adán, María del Carmen Baldovino, Alberto Barrionuevo, Hugo Alberto Cejas, Juan Carlos Cepeda, Raúl Edgardo Farías, Maximiliano Fabián Gaitán, José Audicio Martínez, Julio César Pregot, Patricia Mónica Sosa, Héctor Alejandro Valdez, Sergio Nicolás Valenzuela, Juan Carlos Contreras y Flavio Daniel Sosa.
También son de la partida los comisarios: René Fabián Nieto, Karina Alejandra Avendaño, Mario Renso Ayala, Daniel Avelino Contrera, Claudio Fabián Herrera, Claro César Luna y Daniel Edgardo Luna.
Ascenso
En otro orden, se registraron ascensos en las filas policiales. Hay 16 nuevos comisarios mayores y 70 comisarios inspectores.
La Voz del Interior 5-3-15
En los primeros días de enero de 2011, el comisario Pablo Márquez reunió a sus oficiales y les describió cuáles eran sus aspiraciones: ?Quiero ser protagonista. Estoy avalado por mis superiores y pienso dedicarme a hacer números, así que necesito que las patrullas me empiecen a traer detenidos, con o sin causa?. Así lo recuerda ?y lo declaró ante la Justicia? uno de los sargentos que apoyó las denuncias contra el comisario cuando estaba como jefe del CAP 6.
?Nos mandaban a hacer ?cargas de detenidos??, declaró otro de los sargentos, que dijo también que sólo haciendo esas cargas era posible salir a las 7 de la mañana y no ser castigado con recargos.
?Nos decían que trajéramos a cualquier salame?, recordó otro oficial con subordinados a su cargo. En tanto, un cabo primero le explicó al fiscal hasta dónde llegaba la supuesta exigencia de Márquez: ?Él quería detenidos. No quería que le trajéramos ni motos, ni bicis, ni autos menores secuestrados porque no le sumaban para la numeraria que le pedía la superioridad?.
Nueva imputación. En base a estos testimonios es que el fiscal del Distrito 1 Turno IV, Pablo Molina, resolvió ayer imputar al comisario Pablo Márquez por ?abuso de autoridad? acumulando dicha imputación con otra similar que pesa sobre el mismo comisario.
Márquez está acusado de obligar a sus subordinados a detener inocentes con el objetivo de elevar estadísticas y mostrarle a sus jefes falsos resultados positivos. La primera denuncia que trascendió contra el comisario se conoció en diciembre de 2011 cuando una oficial denunció que Márquez la había amenazado con ?hacerla boleta? si no aceptaba obligar a los subordinados a detener personas.
La primera imputación contra Márquez la ordenó la fiscal Dolores Romero Díaz, quien también descubrió que otros dos policías (uno en marzo de 2011 y otro en junio del mismo año) habían denunciado por lo mismo al mismo jefe. Es justamente por la primera de esas denuncias que ahora el fiscal Molina decidió imputar a Márquez por abuso de autoridad.
El código de faltas. Ese otro policía es, según informó la fiscalía, Jesús César Calvo quien en su testimonio declaró que Márquez obligaba a cada guardia (el grupo de policías que estaban de turno) a llevar ?por lo menos tres detenidos por guardia? y que para eso los estimulaba a utilizar el Código de Faltas.
Calvo afirma que aunque la causa de las detenciones era el Código de Faltas, la situación ?era forzada por el propio accionar policial?. Según el sargento, de 39 años de edad, los dos artículos del código de faltas más usados eran los referidos al merodeo y al escándalo en la vía pública.
Según los testimonios de los policías, el accionar de Márquez habría contado con el aval del superior directo del comisario que era el comisario inspector Daniel Valverde. Calvo no sólo denunció el hecho en la Unidad Judicial 14 sino que también lo hizo ante el Tribunal de Conducta Policía, donde le receptaron la demanda, pero no hicieron nada.
La mayoría de los 13 policías que testificaron apoyando la denuncia de la primera denunciante, comenzaron a ser llamados después de eso ?los traidores? y su compañía ?la compañía de los traidores?.
Esos ?traidores?, que serían los únicos que hicieron lo que correspondía denunciando un acto ilegal, son los que le contaron también al fiscal que a partir de un momento en que comenzó a criticarse mucho en los medios de comunicación la figura del merodeo, la recomendación fue utilizar otros artículos del Código de Faltas para realizar detenciones.
?Como el merodeo estaba muy quemado, ya que todo el mundo y la prensa misma hablaba todo el tiempos de eso, la recomendación era inventar la figura del escándalo que era la más fácil?, dijo otro de los declarantes.
En la práctica eso implicaba agarrar a inocentes en la calle y hacerlos reaccionar para poder detenerlos y llevarlos a la comisaría.
Privación ilegítima de la libertad. El castigo que los policías dicen que recibían cuando no detenían a la cantidad de gente que presumiblemente exigía Márquez, era la sobrecarga de trabajo.
Los 13 testigos dicen que eran obligados a quedarse en la dependencia entre dos, seis y hasta ocho horas como castigo por no haber alcanzado el número de falsos positivos que supuestamente les exigía Márquez.
Según el abogado de la denunciante inicial, Carlos Nayi, quien ha seguido el caso muy de cerca y estuvo presente en todas las declaraciones testimoniales, eso podría incurrir en el delito de privación ilegítima de la libertad.
¿Y los jefes? En todos los testimonios se hace referencia a que Márquez actuaba con el aval de los jefes, y de los ?jefes de los jefes?. En los interrogatorios, las preguntas del abogado Carlos Nayi apuntan a tratar de probar esa confección y varios de los testimonios lo confirman.
?Necesito que las patrullas me empiecen a traer detenidos con o sin causa?, les habría dicho Márquez a sus subordinados al poco tiempo de asumir.
?Él quería detenidos. No quería que le trajéramos ni motos, ni bicis, ni autos menores secuestrados porque no le sumaban para la numeraria?
?Como el merodeo estaba muy quemado, ya que todo el mundo hablaba de eso, la recomendación era usar la figura del escándalo que era la más fácil?.
¿Quién controla a los policías?
Dante Leguizamón
dleguizamon@diaadia.com.ar
Dia a Dia
Cuando llegó a la jefatura, Alejo Paredes anunció ?con bombos y platillos? que iba a controlar a las patrullas con un sistema satelital para saber qué hacían. Ese sistema, llamado ?ABL?, ya no funciona y aunque se firmó un convenio con una empresa para reactivarlo, todavía no puede consultarse.
Otro anuncio del hoy ministro de Seguridad fue la instalación de cámaras que permitirían controlar las ?zonas complicadas?. Sin embargo, en las últimas semanas dos fiscales investigan presuntos casos de abuso policial (por la desaparición de Facundo Rivera, a quien algunos lo vieron por última vez con policías, y los golpes que le habrían propinado otros policías a Emiliano Cáceres), pero resulta que ninguna de esas cámaras funcionan.
Ahora, vuelve a tomar fuerza la sospecha de que algunos jefes ordenaban detener a inocentes simplemente para producir falsos números positivos.
Todo, por separado, es grave; pero junto resulta mucho más preocupante y obliga a hacerse una pregunta: ¿Quién controla a los policías?
Hasta el momento nadie del Estado mayor, ni del Ministerio ha dicho una palabra de estos temas. Seguiremos esperando.
LAS ESCUCHAS TELEFÓNICAS Y EL FIN DE LA LEY ESPIA El máximo tribunal de Corte Nacional, el 24 de Febrero de 2.009, declaraba inconstitucional la ley 25.873 y el decreto Nº 1563, aprobada por el Congreso de la Nación en el año 2.003, y conocida comúnmente como ?LA LEY ESPIA?. Comercio y Justicia 20-4-15
LA FUNCION DE LA PENA En un estado de derecho, la pena teleológicamente hablando aspira a cumplir dos objetivos, sancionar y corregir, y en este contexto bueno es recordar, que la potestad sancionatoria en manera alguna es absoluta e ilimitada, sino que los presupuestos de punibilidad encuentran limitaciones, donde el magistrado aplica racionalmente baremos, evitando así el uso arbitrario del derecho penal por parte del estado. Comercio y Justicia 9-4-15
EL PROCESO PENAL EN ARGENTINA
SISTEMA ACUSATORIO
En materia de juicios penales en Argentina, se ha adoptado el sistema acusatorio adversarial, que deja atrás un sistema inquisitivo-mixto, marcando una nueva era en materia procedimental, Comercio y Justicia 18-3-15 -
DOS TRIBUNALES CON CRITERIOS CADA VEZ MAS DIVERGENTES
Se reiteran las situaciones en que la Corte Suprema de Justicia de la Nación contradice al máximo cuerpo cordobés. La Voz del Interior 14-3-15
¿ UN CRIMEN PERFECTO? Con la muerte de un fiscal de la Nación, en el contexto en que se concreta, queda al desnudo el costado clandestino de una clase gobernante que anuncia el derrumbe del Estado de derecho. La Voz del Interior 4-2-15
LA CAUSA JULIA TORRES El caso de Julia Torres, ícono de la violencia de género, donde el acusado GONZALIA Alberto Ramón llega a juicio imputado de ser probable autor penalmente responsable de los delitos de Coacción, Amenazas y Homicidio Calificado en Grado de Tentativa, la verificación y efectiva comprobación acerca de la existencia o no, de un nexo causal entre el ataque criminal efectuado la madrugada del 08 de Febrero de 2.013 y el desenlace fatal del 09 de Julio del mismo año. Comercio y Justicia 19-1-15
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El Senado de la Nación acaba de dar media sanción al nuevo Código Procesal Penal que impulsa el gobierno. Los cambios que sugiere la reforma al Código de Procedimiento Penal de la Nación, auspician una renovación radical en la dinámica de los procesos penales, dotando a los fiscales de mayor poder investigativo, descomprimiendo la labor del órgano jurisdiccional, que tendrán la función central de garantizar el debido proceso y dictar Sentencia.Comercio y Justicia 2-12-14
AMICUS CURIAE-LA PARTICIPACION DEMOCRATICA EN EL PROCESO PENAL En la compleja y alta responsabilidad de buscar y administrar justicia, inexorablemente debe transitarse por un sendero en el que el proceso penal, sin titubeos ni distracciones debe procurar un objetivo central, alcanzar la verdad real, preservando por cierto el interés particular, aunque jamás desatendiendo el interés general. - Comercio y Justicia 13-11-14
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LA INCONVENIENCIA DEL JUICIO ABREVIADO EN LA BUSQUEDA DE LA VERDAD REAL: Como bien se sabe, uno de los más nobles y ansiados objetivos del procesos penal es alcanzar la verdad real, y en esta dirección acreditados ambos extremos de la imputación delictiva, lograr se aplique la ley penal sustantiva. - Comercio y Justicia 1-9-14
JURADOS POPULARES-UNA CONQUISTA PERFECTIBLE
