La concejala Laura Sesma (Juntos por Córdoba) presentó un proyecto de ordenanza por el cual se sanciona a barrios privados de la capital provincial que revisen a taxis y remises.

El texto de la iniciativa modifica el Código de Convivencia, incorporando el artículo 184 bis, que sanciona al ?propietario o los propietarios de conjuntos inmobiliarios que impidieren, obstruyeren o perturbaren el funcionamiento del Servicio Público de Autos de Alquiler con Chofer mediante el establecimiento de condiciones de admisión al recinto del conjunto inmobiliario?, que incluyan ?la realización de la inspección personal y requisa a los conductores; el registro de los vehículos habilitados para la prestación del servicio; o la exhibición o retención de documentación personal de los conductores o del vehículo?.

La sanción es una multa con un mínimo de 100 unidades económicas (15.300 pesos) a 200 unidades (30.600 pesos).

En los fundamentos del proyecto, Sesma explica que se propone que los sujetos activos de esta infracción ?sean los propietarios de los conjuntos inmobiliarios aprobados por la Municipalidad de Córdoba que establezcan dichas condiciones o pautas de admisión contrarias a la convivencia y al civismo?, y no las empresas de seguridad privadas.

?Nuestra propuesta se fundamenta en que las circunstancias arriba descriptas afectan gravemente el derecho de los pasajeros de exigir que el conductor efectúe el recorrido del viaje siguiendo el itinerario por ellos expresamente han indicado?, dice Sesma.

Pero la edila va más allá. Explicó a La Voz que en los controles que hacen las guardias privadas hay excesos que van en contra de derechos fundamentales básicos. 

?Empiezo con taxis y remises, pero conozco casos en los que se revisa a empleadas domésticas y albañiles?, agregó Sesma, quien vive en un country.

?Vivo en un barrio privado y a un amigo que entra no lo revisan, pero a un empleado de casa de familia o de construcción sí, y es un acto discriminatorio?, aseguró.

Sobre la situación específica de la propuesta, la concejala sostuvo que se está obstruyendo un servicio público como son los taxis y remises. ?En este caso, revisando el baúl, se demoran 15 minutos. Hay taxistas y remiseros que no quieren ingresar?, manifestó. 

Para Sesma, el tema de fondo es avanzar en un marco regulatorio para que los controles, si bien estén permitidos, no vayan en contra de derechos constitucionales.

?No gano más seguridad por controlar a los remises o a los taxis. Hay mucha gente que está en contra de esos controles porque los ven como discriminatorios y que aíslan?, dijo Sesma.

El proyecto dejó diferentes opiniones sobre si se puede aplicar o no. Mientras el constitucionalista Jorge Gentile y el abogado Mario Robledo (de la Cámara de Propiedad Horizontal) sostienen que un country es una propiedad privada y que son legales esos controles, el letrado Carlos Nayi opinó que el exceso en esas revisiones avasalla derechos constitucionales.

Qué dicen los taxistas

José Rodríguez, presidente de la Asociación de Permisionarios de Taxis, relató que en los ingresos a barrios privados tienen que abrir el baúl de los autos. ?Lo peor es la demora, y si va un pasajero, nos hacen esperar hasta que se comunican con la familia?, remarcó.

?Además, hacen bajar al chofer y revisan el vehículo?, agregó Rodríguez. Afirmó que apoyan la iniciativa presentada por Sesma porque es ?positiva? para la actividad. 

Hugo Cisterna, del Sindicato de Peones de Taxis, dijo que son revisados ?en el 98 por ciento de los countries?. 

?Los que tienen salida a Villa Warcalde no sólo piden documento, sino carné y libreta técnica del auto. La última vez le dije a la pasajera que no la iba a ingresar; la bajé en el acceso?, relató. ?Te piden DNI, te hacen abrir el baúl al entrar y al salir; es un abuso. Con que tomen el número de taxi es suficiente; no son policías?, planteó el taxista.

No todos son ?countries?

El control de acceso es uno de los elementos que definen a un barrio cerrado, junto al cerco perimetral y la presencia de personal de seguridad privada. Pero en Córdoba lo real es que esos controles están en las urbanizaciones residenciales especiales (URE) ?nombre oficial, según la normativa municipal? y también se generalizaron en decenas de barrios que no cuentan con habilitación para restringir el acceso y sin embargo lo hacen.

Según la información de la Subsecretaría de Planeamiento municipal, en la ciudad hay sólo 29 countries habilitados, y a ese listado se agregan otros 11 barrios que surgieron como urbanizaciones abiertas y luego fueron autorizados a instalar cercos perimetrales y control de accesos. Entre ellos, todos los barrios que componen Valle Escondido. En total, son unas 40 urbanizaciones las que están habilitadas como ?cerradas?. 

Hay decenas de otros barrios que se construyen, se promocionan y se comercializan como ?cerrados?, pero que no están habilitados como tales. Allí se da la paradoja de que se somete a taxistas, remiseros, personal doméstico y visitantes a controles que no pueden realizarse, ya que se trata de espacios abiertos. En realidad, lo que ahí está en infracción son las casillas que impiden el acceso. Y esta situación es consentida por la Municipalidad de Córdoba.

Muchas diferencias con el rótulo de ?country?

En la Capital, son unas 40 las urbanizaciones habilitadas.

29 urbanizaciones residenciales especiales. Son los grandes countries, habilitados desde el vamos como barrios cerrados. 

11 barrios habilitados como ?cerrados?. En 2011, el municipio autorizó casillas y cierre perimetral en los barrios de Valle Escondido, y otras dos urbanizaciones. 

Decenas sin habilitación. Hay numerosos desarrollos que tienen casillas y guardias, pero en realidad son barrios abiertos y no pueden impedir el acceso de ningún vehículo ni exigir identificación a sus ocupantes.