"¿Qué pasó? No lo sé. Sólo sé que a las 3 de la mañana me llamaron para decirme que ella estaba muerta con un balazo de un arma reglamentaria", dice Jorge Montes, luego de pedir ser aceptado como querellante particular en la causa en la que se investiga la muerte de su hija.

Celeste Luciana Montes (30), una agente técnica de la Policía, fue hallada sin vida en la planta alta de un departamento de Suipacha al 1200, en barrio Pueyrredón de Córdoba, con un balazo en la cabeza. Se cree que el oficial principal Enzo Valdéz la mató y luego se suicidó con su pistola reglamentaria.

La causa es investigada por el fiscal Cristian Griffi, quien mantiene el secreto de sumario a la espera de los informes ténicos sobre la mecánica del hecho, aunque extraoficialmente se afirma que el caso está cerrado, porque habría sido un crimen seguido de suicidio.

La muerte de Celeste, madre de una nena de 4 años, y empleada del servicio 101 de la Policía (era personal civil del Ministerio de Seguridad y hace poco fue incorporada como agente técnica, sin uso de armas), reavivó el debate sobre la disponibilidad de armas por parte de miembros de la fuerza y del control que existe sobre su situación psiquiátrica. 

Aparentemente, Celeste tenía una relación informal con Valdéz desde septiembre. La mujer vivía con su familia en Villa Allende Park, barrio del extremo norte de Córdoba, junto su nena. En esa casa no sabían de su vínculo con el oficial.

"Me dicen a mí que este hombre había tenido supuestamente una larga carpeta psiquiátrica en 2010. Y que ahora había tenido una carpeta médica por una lesión en un brazo, supuestamente por golpearse con una escalera, pero a mí sus compañeros me dijeron que era por una pelea en un boliche", señala Montes a La Voz.

"Lo habían dado de alta dos días antes, pero no fue a trabajar. Algunos me dicen que era un loco, que no debía tener un arma en la mano, pero no me consta. Nadie nos dice nada oficialmente", remarcó.

FEMICIDIOS. Hubo cuatro muertes en 9 días

En Tribunales

Este viernes, una semana después de la muerte de su hija, Montes concurrió a la Fiscalía de Griffi con su abogado Carlos Nayi para poder ser querellante y así tener acceso directo al expediente.

"A una amiga íntima, mi hija le contó sobre esta relación, que era algo pasajero, no era el amor de su vida. Ella contó que el hombre quería que vaya a vivir con ella, pero no quería. También dijo que tenía la intención de cortar, porque no sentía nada especial. Según los amigos, este hombre la persiguió durante unos dos años", dice Montes.

Celeste se había criado en barrio Argüello. Hacía 9 años que trabajaba en el área de Comunicaciones. Estaba incómoda con la incorporación como agente técnica de la Policía. "El día que a mí me pongan un arma en la mano, yo me voy", dice su padre que le dijo.

Desde que se había separado de la pareja con la que tuvo la nena, Celeste vivía en Villa Allende Park. Pero seguía en buena relación con el padre de la niña. "Él ahora se vino a vivir con nosotros, para estar con mi nieta", cuenta Montes.

En la actualidad, la familia de Celeste intenta que la Policía le devuelva un auto que fue secuestrado y los elementos personales de la mujer.

Violencia de género y armas

Días después del trágico episodio, la Policía anunció la creación de un departamento de Coordinación de Acciones contra la Violencia de Género, a cargo de la psicóloga Marcela Santucho.

Hace un año, fue presentada en la Legislatura provincial un proyecto de ley para que haya un monitoreo permanente -y con participación de evaluadores externos- de la salud mental de los policías.

"La portación de armas necesita garantizar características de personalidad muy específicas y una asistencia permanente. Entendemos q se deben mejorar sustancialmente las políticas en esta materia", dijo la autora de la iniciativa, Liliana Montero (Córdoba Podemos).

La Voz del Interior 13-5-16