• hay siete denuncias en dos meses que describen el mismo ?modus operandi?.
• Policías a cargo de la custodia de Potrero del Estado, en la mira.
• El rol de la Justicia, también.

En sólo dos meses, siete denuncias ingresaron en el edificio de Tribunales 2 de la ciudad de Córdoba con un mismo denominador: valiosas motos que fueron robadas de las narices del propio Estado.

¿Cómo es esto? De manera simple se puede describir este circuito delictivo que de a poco comienza a revelarse en una fiscalía cordobesa. En un control callejero, la Policía secuestra una moto a un ciudadano. Falta de papeles o de la patente suele ser la causa más común. Se inicia un expediente en alguna fiscalía penal, por supuesto robo de esa moto, hasta que el dueño comprueba que el rodado efectivamente le pertenece.

A todo esto, la moto secuestrada queda estacionada en el predio de Potrero del Estado, en la comuna de Bouwer, que tiene custodia policial las 24 horas de cada día del año.

Como se trata de una causa sin preso y sin urgencia de ningún tipo, el expediente comienza a transitar como una babosa dentro de Tribunales.

Cada trámite se demora más de la cuenta y recién varios meses después, al fin, el propietario obtiene el papel deseado: un fiscal o una fiscal que firma que la causa pasa a archivo, ya que no se comprobó ningún delito, por lo que el dueño puede ir a retirar su moto del predio de Potrero del Estado.

Pero nada puede ser simple en este laberinto judicial en Córdoba.

Cuando los dueños llegan a Potrero del Estado, un policía los recibe en la guardia. Les pide el papel judicial y vuelve a su oficina. El dueño puede esperar hasta cuatro horas parado sin que nadie le responda nada concreto. Hasta que algún policía se asoma y le dice que regrese mañana, que son muchas las motos secuestradas y que no es fácil encontrarla.

El propietario rezonga algo, por el dinero pagado (por lo general debe pagar un remise o un flete de la ciudad de Córdoba) y por el tiempo que acaba de perder y que al otro día volverá a destinar a este trámite.

Ya en la jornada siguiente, de nuevo lo hacen esperar largas horas hasta que por fin otro policía se le acerca y le dice que definitivamente su moto no está allí. Y que ignora qué sucedió.

A principios de julio último, el abogado penalista Carlos Nayi presentó la primera denuncia penal en Tribunales 2 por la ?desaparición? de una moto secuestrada.

?Hurto?, ?violación a los deberes de funcionario público?, ?omisión de denuncia? y ?abuso de autoridad? formaron parte de los posibles delitos que solicitó que fueran investigados.

Desde entonces, casi todas las semanas fue agregando un caso similar. Ya son siete las denuncias presentadas. Los casos comenzaron a aglutinarse en la Fiscalía de Distrito 1, Turno 3, a cargo de José Mana, quien ya tiene a varios policías acusados por el ?gatillo fácil? que se cobró la vida de Blas Correas (17).

Ahora Mana también debe indagar si en Potrero del Estado está operando una banda de delincuentes en la que la complicidad policial es más que necesaria. ¿Cómo sacar esa cantidad de motos sin que nadie de la guardia se percate? Hasta ahora no hay policías imputados y tampoco separados de sus puestos. Todo sigue igual que siempre.

Nayi apunta a que el patrón delictivo se repite en estos casos, lo que permite sospechar de una organización instalada alrededor de las motos secuestradas por la Policía en Potrero del Estado. ?Hay predilección con las motos de cilindrada 250?, agrega el letrado.

Se sospecha que hay muchos más casos de este tipo. Sólo que las víctimas ya descreen de acudir a denunciar al mismo sistema que antes les quitó las motos que ahora reclaman.

La Voz del Interior 12-9-2020