AJUSTE ARBITRARIO Y ESTADO INSENSIBLE -LA HORA DE LA JUSTICIA Comercio y Justicia 24-6-16

AJUSTE ARBITRARIO Y ESTADO INSENSIBLE -LA HORA DE LA JUSTICIA Comercio y Justicia 24-6-16

Por estos días, una amenaza a cara descubierta asecha a miles de hogares que reciben el servicio de gas natural  que brinda ?ECOGAS?, y que alcanza en su red  a aproximadamente a seiscientos cincuenta mil usuarios , los que en su inmensa mayoría (94%), son vecinos afectados de zonas residenciales. Se trata de incrementos tan desproporcionados como arbitrarios, que en algunos casos trepa el cuatrocientos por ciento (400%), impactando de lleno en cada facturación, superando de manera arbitraria los valores  verificados para períodos anteriores. Esta problemática ,   en la forma en que se presenta en sociedad, se ha transformado en un inadmisible avance del estado sobre los derechos del ciudadano, del débil contractual, afectando sin disimulo expresas garantías constitucionales. No hay espacio  para la duda, los ajustes pretendidos nacieron viciados, desde que jamás se llevo a cabo audiencia pública conforme se impone desde la ley misma para legitimar en caso de corresponder su implementación. Nuevamente el estado ha asumido en perjuicio del ciudadano una conducta que por abusiva, debe inexorablemente ser proclamada ilegal. Once resoluciones emanadas del Ente Nacional Regulador de Gas (Enargas), publicadas días atrás en el Boletín Oficial, anunciaban una descomunal mordida al patrimonio de los usuarios del servicio, oficializándose un incremento desmedido para las tarifas, quintuplicándose en algunos casos el costo del suministro, actividad camuflada bajo la apariencia de legalidad y disimulada bajo el maquillaje de una implementación gradualista. Frente a este panorama tan injusto como ilegal, cada perjudicado podrá enarbolar el reclamo de justicia, para lo cual la herramienta de trabajo adecuada está a su disposición. Concretamente la Ley Nacional 16.986, le entrega la posibilidad de ocurrir ante el Juez competente , denunciar la actividad arbitraria, el perjuicio sufrido  y pedir se detenga el desborde que se anuncia. A no dudarlo, los incrementos que informan las últimas facturaciones desnudan una abrupta desproporción en el quantum de las tarifas respecto a períodos anteriores, provocándose un daño inesperado en el patrimonio de cada beneficiario. La arbitrariedad que se denuncia, importa un claro ataque al principio de igualdad, de certeza y seguridad jurídica,  arts. 4, 16, 17 28 y 75 inc. 2do. de la Constitución Nacional, y que en definitiva constituyen la base de la carga pública y del impuesto. Desde esta perspectiva entonces, cada afectado debe saber que no está abandonado a su propia suerte sino que muy por el contrario, las disposiciones que autorizan los aumentos que se cuestionan, deberán ser declaradas inconstitucionales, toda vez que el Poder Ejecutivo, se ha extralimitado en el ejercicio de sus facultades. Nadie puede discutir desde una óptica racional, que los ajustes son necesarios en un país en movimiento y con una economía no consolidada, pero este argumento de ninguna manera, puede utilizarse para legitimar arbitrariedades. A la hora de cada ajuste, con criterio, prudencia y respeto hacia el derecho de cada ciudadano, deben ponderarse un sinnúmero de situaciones, que guardan estrecha vinculación con las particulares situaciones socioeconómicas y/o humanitarias, debiéndose posar la mirada de manera prudente en situaciones objetivas, por ejemplo, la cruda realidad que viven  los hogares sustitutos, comedores comunitarios, centros de recuperación de adicciones, inmuebles ubicados en zonas de bajos recursos , o sectores cuyos ingresos no resultan razonablemente suficientes para hacer frente al pago. Los aumentos que se cuestionan, por excesivos, importan una rapiña inadmisible en perjuicio del consumidor del servicio, y se encuentran desde su concepción divorciados de la realidad, no respetando el principio e razonabilidad desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo. Una clara lesión  al derecho de propiedad de cada beneficiario del servicio , quienes de ninguna manera, pueden convertirse a costa de su propio perjuicio en financistas de una actividad propia del estado. Una nuevo yerro comete  el órgano que se hizo cargo de regular la actividad, mostrando sin remordimiento ni capacidad de enmienda fallas objetivas que exhiben una falta de adecuación a los fines superiores de orden público, y que reclaman desde cada grito de protesta, de cada afectado razonabilidad. Involuntariamente miles de ciudadanos fueron enfrentados a una inclemente realidad, un aumento en las tarifas que por su magnitud y lo intespectivo de su implementación, ha provocado una situación de incertidumbre en lo que hace a la provisión de un servicio básico y esencial para cumplir en lo cotidiano con una necesidad en tiempos de bajas temperaturas esencial. El ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,  debe reformular su política de trabajo desde que tiene la responsabilidad bajo la asistencia técnica de la Secretaría de Energía y del Enargas de fijar ajustes, pero siempre en la medida de lo necesario, sin incurrir en abusos irritantes y perjudiciales. Los cordobeses no están solos, y hoy más que nunca la Justicia debe posar su mirada atenta y reflexiva sobre esta problemática, que afecta, conmueve y ofende a nuestra Constitución Nacional. Ha llegado la hora de los jueces, la hora de la reparación. Una reflexión final parece inevitable, existe una permanente pugna entre lo justo y lo legal, que no es precisamente obra de dramaturgos ni de novelistas, sino producto de la vida realidad, y que en esta conflictiva situación se han dado cita para limitar el avance depredador.

 

Dr. Carlos  R  NAYI

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